El perfil de Cheto Alvarado merece debate, no descalificación
En política suele ser más sencillo descalificar que debatir. Basta con que alguien levante la mano para aspirar a un cargo de elección popular para que aparezcan, casi de inmediato, las campañas de desprestigio, los señalamientos sin sustento y los juicios anticipados.
Eso ha ocurrido con Jesús Alberto Alvarado Aragón, mejor conocido como “Cheto” Alvarado, quien ha manifestado su intención de participar en el proceso interno de la alianza integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo para buscar la candidatura a la gubernatura de Baja California Sur.
Desde el primer momento comenzaron las críticas. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de ellas han estado sustentadas más en la animadversión política que en hechos comprobables. En democracia, cualquier aspirante debe ser evaluado por su trayectoria, sus resultados y sus propuestas, no por campañas de descalificación.
Cheto Alvarado pertenece a una familia con una amplia tradición de servicio público. Es nieto de don Alberto Alvarado Arámburo, gobernador de Baja California Sur entre 1981 y 1987, recordado por impulsar un gobierno de unidad, desarrollo social y profundo compromiso con el estado. También es nieto de Jesús “Cucho” Aragón, un reconocido político y servidor público durante los años 90s.
Sin embargo, más allá de su origen familiar, resulta indispensable analizar su propio recorrido.
Actualmente se desempeña como quinto regidor del XV Ayuntamiento de Los Cabos y preside la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, una de las áreas de mayor relevancia para un municipio que enfrenta enormes desafíos en materia de crecimiento, ordenamiento territorial y sustentabilidad. Su desempeño, como el de cualquier servidor público, es público y está sujeto al escrutinio ciudadano.
Quienes lo cuestionan tienen todo el derecho de hacerlo. Lo deseable, sin embargo, sería que las críticas estuvieran respaldadas por evidencia y no únicamente por descalificaciones en redes sociales.
Más allá de la política local, Cheto Alvarado posee una preparación académica poco común entre los cuadros jóvenes de la entidad.
Es abogado especializado en derecho energético, ambiental y corporativo. Cuenta con una Maestría en Derecho Energético y Ambiental por la George Washington University Law School, además de estudios especializados en administración energética, derecho inmobiliario y asociaciones público-privadas.
Su experiencia profesional incluye la estructuración jurídica y financiera de proyectos estratégicos de energía e infraestructura, colaborando con firmas nacionales e internacionales, empresas del sector energético, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la representación de la Secretaría de Energía en América del Norte y el Banco Mundial.
Ha trabajado en negociación de contratos, regulación, financiamiento de proyectos, adquisiciones, fusiones, permisos gubernamentales y desarrollo de políticas públicas, experiencia que difícilmente puede calificarse como improvisada.
En el ámbito político también ocupa la Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Baja California Sur y es socio fundador de un despacho jurídico especializado en asesoría corporativa.
Todo ello configura un perfil técnico, profesional y administrativo que merece ser considerado dentro del debate público.
Naturalmente, contar con preparación académica no garantiza un buen gobierno. Tampoco un apellido prestigioso asegura capacidad para gobernar. Pero negar el derecho de competir a un perfil con estas credenciales únicamente por prejuicios políticos tampoco fortalece la democracia.
Baja California Sur enfrenta retos cada vez más complejos: crecimiento urbano acelerado, disponibilidad de agua, movilidad, vivienda, desarrollo económico y conservación ambiental. Resolverlos exige perfiles preparados, con visión técnica y capacidad para construir acuerdos.
Cheto Alvarado representa una nueva generación de políticos sudcalifornianos. Como cualquier otro aspirante —entre ellos Christian Agúndez Gómez, Milena Quiroga Romero, Manuel Cota Cárdenas, Saúl González y quienes eventualmente participen en el proceso interno de sus partidos— tiene el derecho constitucional de buscar la candidatura y someterse al juicio de la ciudadanía.
Al final, serán los sudcalifornianos quienes decidan.
Pero antes de emitir un veredicto, conviene revisar trayectorias, capacidades, resultados y propuestas.
Porque en democracia las candidaturas deben ganarse en las urnas, no perderse en las redes sociales.
