San José del Cabo.- Ante la controversia generada por la posible actualización de las tarifas del transporte público en Baja California Sur, el diputado Omar Torres Orozco planteó la necesidad de que el Gobierno del Estado establezca mecanismos de subsidio para apoyar a los concesionarios y evitar que el costo recaiga directamente sobre los usuarios.
Durante una reunión con integrantes del Grupo Madrugadores de Los Cabos, el legislador señaló que el debate sobre el incremento de tarifas no debe convertirse en un conflicto entre transportistas y sociedad, ya que existen factores económicos que han elevado los costos de operación de las unidades, principalmente el precio de los combustibles.
Torres Orozco recordó que la tarifa del transporte en Los Cabos se incrementó por última vez en 2021, cuando tuvo un aumento aproximado de un peso. Desde entonces, dijo, el precio de la gasolina ha pasado de alrededor de 22.80 pesos por litro a cerca de 27.90 pesos, mientras que en la zona norte de Mulegé alcanza aproximadamente los 30 pesos.
El diputado sostuvo que este incremento representa una presión considerable para los transportistas, particularmente porque deben absorber los descuentos establecidos para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.
Transportistas absorben millones de pesos en subsidios
De acuerdo con el legislador, en La Paz los concesionarios estarían absorbiendo anualmente entre 40 y 50 millones de pesos por concepto de descuentos, mientras que en Los Cabos el monto podría alcanzar entre 80 y 100 millones de pesos, debido al volumen de usuarios y estudiantes que utilizan el transporte público.
Torres Orozco consideró que esta situación debe ser atendida mediante una política pública que permita compartir la responsabilidad entre gobierno, transportistas y usuarios.
Como alternativa, adelantó que desde el Congreso del Estado se trabaja en una iniciativa para establecer mecanismos de apoyo al transporte público, similares a los que existen en otras entidades del país.
Entre las opciones mencionó subsidios por kilómetro recorrido, apoyos para combustible, estímulos fiscales, bonos y programas de renovación o chatarrización de unidades.
El diputado señaló que estos mecanismos no deben considerarse una medida extraordinaria, pues la legislación en materia de movilidad y seguridad vial contempla la participación de los gobiernos para impulsar la modernización, accesibilidad, seguridad y calidad del transporte público.
Gobierno debe asumir responsabilidad
Torres Orozco cuestionó que en Baja California Sur el gobierno haya mantenido una participación limitada en el apoyo directo al transporte concesionado, pese a que existen disposiciones legales que contemplan estímulos y programas para mejorar el servicio.
Puso como ejemplo el caso del transporte urbano en La Paz, donde existe un esquema de subsidio gubernamental, y consideró que este tipo de políticas pueden analizarse para aplicarse también en otros municipios.
El objetivo, sostuvo, sería evitar que la discusión sobre las tarifas se limite a determinar cuánto debe pagar el usuario, y avanzar hacia un esquema integral en el que también exista responsabilidad gubernamental para mejorar las unidades y las condiciones en que se presta el servicio.
Vialidades, otro problema para el transporte
Durante el encuentro, el empresario José Gutiérrez advirtió que el problema del transporte público representa un círculo vicioso, debido a que los concesionarios enfrentan altos costos de operación, mientras que los usuarios cuestionan los aumentos ante las malas condiciones de algunas vialidades.
Consideró que cualquier ajuste tarifario debe ir acompañado de acciones para mejorar calles y avenidas, además de exigir a los transportistas que cumplan con las condiciones establecidas en la ley y que dejen atrás el uso de unidades deterioradas.
“Es un círculo vicioso”, señaló, al plantear que gobierno, concesionarios y sociedad deben trabajar conjuntamente para mejorar tanto las vialidades como la calidad del servicio.
Gestionan recursos federales para paraderos y carretera
Por otra parte, Omar Torres informó que ha realizado gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la Ciudad de México para buscar recursos destinados a infraestructura de transporte.
Explicó que uno de los proyectos contempla un programa de paraderos de transporte público, que beneficiaría particularmente a Los Cabos, además de gestiones relacionadas con la mejora y ampliación de la carretera Transpeninsular.
Reconoció que conseguir recursos federales no es una tarea sencilla, pero aseguró que continuará impulsando las gestiones desde el Congreso para mejorar la infraestructura carretera y las condiciones del transporte público.
El legislador sostuvo que el objetivo debe ser construir una solución integral: apoyar a los transportistas para evitar que los incrementos de costos sean trasladados completamente al usuario, pero también exigir mejores unidades, mayor seguridad, accesibilidad y un servicio acorde con las necesidades de una población que mantiene un crecimiento acelerado.
