Vivienda debe tener comisión propia ante el reto habitacional de Los Cabos: diputada

Cabo San Lucas.-  Ante el ambicioso programa federal de vivienda que contempla la construcción de miles de casas en Baja California Sur y, particularmente, en Los Cabos, la diputada local Cristina Contreras Rebollo propuso crear en el Congreso del Estado una comisión exclusiva de vivienda, al considerar que la magnitud del desarrollo habitacional requiere atención independiente y especializada.

Durante un encuentro con el Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, la legisladora explicó que presentó la iniciativa durante el periodo ordinario anterior y actualmente trabaja para que sea aprobada, debido a que los asuntos de vivienda se encuentran actualmente dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano.

“Por la importancia que tiene todo el desarrollo que se va a venir de la vivienda en todo el estado y principalmente en el municipio, se me hizo sumamente importante separarlo y que tuviera una personalidad independiente”, señaló.

Contreras Rebollo destacó que el programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla alrededor de 1.8 millones de viviendas en el país, de las cuales unas 37 mil corresponderían a Baja California Sur y aproximadamente 17 mil 500 a Los Cabos durante el sexenio.

De ese universo, explicó, 15 mil 400 viviendas están contempladas para San José del Cabo, en aproximadamente 120 hectáreas del ejido, con una inversión estimada de 9 mil 500 millones de pesos. El proyecto considera no sólo la construcción de casas, sino también escuelas, servicios de salud, áreas verdes, movilidad y conectividad.

La diputada afirmó que el municipio podría experimentar “un antes y un después” con la consolidación de este programa, aunque advirtió que el reto no consiste únicamente en construir viviendas, sino en garantizar que estén acompañadas de infraestructura y servicios.

Recordó que ya se construyeron 704 viviendas en la zona de La Roca, en Cabo San Lucas, aunque todavía están pendientes de entrega debido a trabajos relacionados con las conexiones al sistema de drenaje.

Contreras Rebollo explicó que para hacer posible el programa federal fue necesario trabajar en una legislación relacionada con los denominados polígonos prioritarios para vivienda, proceso que, dijo, se prolongó durante varios meses y en el que participaron legisladores, el gobierno estatal, ayuntamientos, empresarios, la Conavi, Infonavit y otras dependencias.

Señaló que uno de los principales obstáculos fue establecer con claridad las competencias de los distintos niveles de gobierno, particularmente porque el ayuntamiento mantiene las facultades para realizar los trámites relacionados con cambios de uso de suelo.

“Cuando metimos la iniciativa de los polígonos prioritarios se determinó que el gobernador puede determinar éste es un polígono para la vivienda; sin embargo, el ayuntamiento es el único que tiene facultad de hacer la tramitología para cambios de uso de suelo”, puntualizó.

La legisladora recordó que durante la discusión de la reforma existió oposición y preocupación entre propietarios de terrenos, debido al temor de que el programa pudiera reducir el valor de sus inversiones. Incluso, dijo, hubo manifestaciones y presión política para impedir que avanzara la legislación.

Uno de los temas que más llamó la atención durante las mesas de trabajo, agregó, fue el elevado precio de la tierra en Los Cabos, donde existen terrenos que se comercializan en dólares pese a no contar con servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad.

Afirmó que esta situación vuelve prácticamente inaccesible la vivienda convencional para una gran parte de la población.

“En La Paz una casa de dos recámaras, tres baños, sala, comedor, cuesta cuatro millones de pesos; aquí supera esa suma. Dar un enganche de 700 mil pesos, demostrar ingresos y pagar mensualidades de 35 o 40 mil pesos durante 30 años es impagable”, expuso.

En contraste, explicó que las viviendas contempladas por el programa federal tendrán un costo aproximado de 627 mil pesos por unidad, incluyendo terreno, construcción y urbanización. Las casas serán de alrededor de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala-comedor y un pequeño patio.

El acceso podrá darse mediante dos esquemas: a través del Infonavit, para trabajadores derechohabientes, y mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dirigida a personas que no cuentan con seguridad social y que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos un ingreso de hasta dos salarios mínimos.

La diputada advirtió que uno de los principales riesgos de los programas habitacionales es construir casas sin garantizar servicios e infraestructura.

Recordó que en administraciones anteriores se desarrollaron viviendas en zonas alejadas que posteriormente fueron abandonadas debido a la falta de escuelas, hospitales, transporte y otros servicios, convirtiéndose con el tiempo en zonas deterioradas y con problemas de seguridad.

Por ello, consideró fundamental que los nuevos desarrollos habitacionales sean acompañados desde el inicio por infraestructura urbana.

“Las viviendas tienen que ir acompañadas de escuelas, hospitales, áreas verdes, transporte y toda la infraestructura que se ocupa para que se puedan ocupar las casas y no se genere un gran caos”, sostuvo.

Contreras Rebollo reconoció que existe preocupación entre habitantes de algunas zonas urbanizadas por el crecimiento que generarán los nuevos desarrollos, pero señaló que el problema habitacional de Los Cabos también debe analizarse desde la realidad de miles de familias que actualmente viven en asentamientos irregulares.

“Cuando vas para las invasiones no crees que estés en Los Cabos. Me dicen: ‘a mí me engañaron, esto no es Los Cabos’. Tenemos gente viviendo con letrinas, sin agua, sin drenaje y en condiciones muy complicadas”, señaló.

Consideró que el programa federal representa una oportunidad para atender parte del rezago habitacional y ordenar el crecimiento urbano del municipio, siempre que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Actualmente, indicó, se desarrollan mesas de trabajo en las que participan autoridades municipales, estatales y federales para analizar temas de agua potable, drenaje, movilidad, seguridad, infraestructura y certeza jurídica de la tierra.

El objetivo, dijo, es lograr que los 9 mil 500 millones de pesos contemplados para el proyecto en Los Cabos sean ejercidos correctamente, ya que ni el ayuntamiento ni el gobierno estatal cuentan por sí solos con la capacidad financiera para desarrollar un programa de esta magnitud.

“Es una oportunidad grandiosa”, afirmó, aunque insistió en que todos los sectores deben participar en las decisiones para evitar impactos negativos y lograr que el crecimiento habitacional se traduzca en mejores condiciones de vida.

Finalmente, destacó que más de la mitad de las viviendas contempladas para Baja California Sur se concentrarán en Los Cabos, por lo que llamó a autoridades, legisladores, empresarios, ejidatarios y ciudadanía a trabajar de manera coordinada para consolidar el proyecto y enfrentar uno de los principales problemas estructurales del municipio: el acceso a tierra y vivienda digna.