Escrituras falsas, jueces señalados y familias despojadas de sus tierras: la otra cara del paraíso
En Baja California Sur, particularmente en Los Cabos y La Paz, existe una pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre las familias afectadas por conflictos agrarios y litigios inmobiliarios: ¿qué tiene que pasar para que las autoridades actúen contra las redes que presuntamente operan el despojo de tierras mediante documentos falsificados?
No es un secreto que los terrenos costeros del sur de la entidad representan una enorme oportunidad económica para inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, alrededor de ese atractivo también han surgido denuncias constantes sobre presuntos esquemas de corrupción en los que participan abogados, funcionarios públicos, notarios y operadores judiciales que, aprovechando vacíos legales o influencias, terminan colocando en riesgo el patrimonio de familias sudcalifornianas.
Durante años, decenas de propietarios han denunciado haber sido víctimas de intentos de despojo mediante escrituras cuestionadas, registros catastrales modificados, documentación contradictoria y largos procesos judiciales que los obligan a defender en tribunales lo que consideran legítimamente suyo.
El problema no solamente radica en la disputa por la tierra, sino en la percepción de impunidad que rodea muchos de estos casos. Para los afectados, enfrentarse a litigios prolongados significa competir contra estructuras con amplios recursos económicos, donde frecuentemente aseguran sentirse en desventaja frente a despachos jurídicos especializados y poderosos intereses inmobiliarios.
Los expedientes se acumulan en juzgados locales y federales. En varios de ellos aparecen señalamientos similares: denuncias cruzadas, acusaciones de despojo contra los propios posesionarios históricos de la tierra y procedimientos que terminan prolongándose durante años sin una resolución definitiva.
Un ejemplo de ello es el calvario que vive doña Patricia Montaño, dueña legítima del predio La Abundancia en La Ribera. En un video reportaje del periodista Cuahutemoc Morgan se exhibe como la mujer nativa ahora es denunciada por el delito de despojo de su propia tierra.
Enferma y resistiendo 10 años de persecución judicial, Patricia Montaño pide el apoyo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo para que cese el hostigamiento en contra de su persona y el intento de despojo de su propiedad por parte del extranjero Jonn Allen Kam que a través de un fideicomiso exhiben una escritura falsa para despojarla de su tierra.
Sin embargo, quienes conocen el tema aseguran que este caso no es un hecho aislado, sino apenas una muestra de una problemática mucho más amplia relacionada con la disputa por tierras de alto valor comercial en el municipio de Los Cabos.
En otras entidades del país las autoridades han emprendido acciones contundentes. En el Estado de México, por ejemplo, la denominada Operación Enjambre ha derivado en investigaciones y detenciones de funcionarios y particulares presuntamente involucrados en redes de corrupción vinculadas al despojo de propiedades.
La pregunta es inevitable: si existen denuncias recurrentes, expedientes abiertos y testimonios de familias que aseguran haber sido víctimas de estas prácticas, ¿cuándo veremos en Baja California Sur una investigación integral que permita esclarecer quiénes están detrás de estos conflictos?
Porque más allá de la disputa por un terreno, lo que está en juego es la certeza jurídica sobre la propiedad privada y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
