México está enviando una señal de alarma que nadie debería ignorar.
En apenas dos años, 13 alcaldes —entre electos, en funciones y candidatos— han sido asesinados. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Puebla son apenas algunos de los estados donde el crimen organizado dejó de conformarse con controlar territorios para intentar influir en el poder político.
El mensaje de los cárteles es brutal: quien gobierna un municipio también puede convertirse en objetivo.
En algunos casos, los alcaldes fueron señalados por presuntos vínculos con grupos criminales. En otros, simplemente fueron asesinados por negarse a colaborar o por estorbar intereses económicos y territoriales de la delincuencia organizada. La realidad es que, en muchas regiones del país, ya no gobierna únicamente el Estado; también gobierna el miedo.
La pregunta obligada es: ¿Baja California Sur está realmente al margen de esa realidad?
Sería ingenuo responder que sí.
BCS mantiene mejores indicadores de seguridad que buena parte del país, pero eso no significa que sea inmune. La violencia que golpeó al estado hace algunos años dejó claro que los grupos criminales disputan rutas, mercados y territorios. Hoy, aunque la percepción de tranquilidad ha mejorado, también persisten versiones, rumores y comentarios que apuntan a posibles relaciones entre algunos actores políticos, funcionarios y organizaciones criminales.
Hasta donde se conoce públicamente, esos señalamientos no han derivado en responsabilidades penales acreditadas contra la mayoría de las personas mencionadas. Pero el solo hecho de que esa sospecha exista ya representa un enorme daño para la confianza ciudadana.
Y aquí surge otra pregunta incómoda:
¿Quién limpia el nombre de los inocentes y quién desenmascara a los culpables?
Porque la rumorología mata reputaciones, pero la impunidad destruye instituciones.
Por eso sería saludable que la estrategia nacional de inteligencia encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizara una revisión profunda sobre las estructuras de seguridad y de gobierno en Baja California Sur.
No se trata de una cacería política.
Se trata de inteligencia, investigación y depuración.
Si existen servidores públicos que, por dinero, poder o ambición, decidieron abrirle la puerta al crimen organizado, no merecen ocupar un cargo público ni un minuto más.
Y si existen políticos honestos cuyo nombre aparece únicamente en conversaciones de café, cadenas de WhatsApp o campañas negras, también tienen derecho a que una investigación seria despeje cualquier duda.
Porque un gobierno limpio no se construye con discursos, sino con instituciones que investigan sin importar colores partidistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la estrategia de seguridad se basa en inteligencia y no únicamente en la fuerza. Esa inteligencia también debería servir para blindar a estados como Baja California Sur antes de que el problema crezca.
La historia reciente de México demuestra que ningún estado pasó de la paz al infierno de la noche a la mañana. Primero llegaron los rumores. Después la corrupción. Luego las amenazas. Más tarde los asesinatos. Y cuando la sociedad quiso reaccionar, el crimen organizado ya había echado raíces.
Baja California Sur todavía está a tiempo.
Porque la peor decisión en materia de seguridad siempre ha sido la misma: creer que aquí nunca va a pasar.
