Instituto de las Mujeres de Los Cabos participa en foro nacional sobre nueva legislación
Los Cabos, BCS.— La necesidad de fortalecer las estructuras de procuración de justicia para atender los casos de feminicidio y garantizar una atención integral a las víctimas fue planteada durante un foro de análisis de la nueva legislación en la materia, realizado en el Senado de la República, con participación del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos.
La representación del XV Ayuntamiento acudió a este espacio de discusión legislativa convocado a nivel nacional para revisar mecanismos legales orientados a mejorar el acceso a la justicia y la atención de las víctimas.
La participación de Los Cabos se concretó a partir de una convocatoria de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dirigida a la directora del Instituto de las Mujeres, Araceli García Rico.
García Rico compartió la mesa de análisis con la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar; la doctora Patricia Olamendi Torres, además de abogadas litigantes, académicas y sobrevivientes.
Durante su intervención, la funcionaria de Los Cabos expuso la urgencia de contar con fiscalías especializadas, así como con personal de medicina legista y psicología en cada comunidad, como parte de una atención más cercana y especializada frente a la violencia contra las mujeres.
La representante municipal también presentó ante este foro nacional algunas de las estrategias que actualmente se aplican en Los Cabos, entre ellas la Mesa Violeta y las Unidades de Atención Libres de Violencia (UALIVI).
De acuerdo con el documento, este último modelo continúa bajo la responsabilidad del primer regidor en funciones de presidente municipal por ministerio de ley, José Manuel Larumbe Pineda.
El encuentro permitió colocar en la discusión nacional experiencias locales de atención y prevención, al tiempo que se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para que las víctimas tengan acceso a servicios especializados y a mecanismos de justicia con perspectiva de género.
