Ciudad de México.— Un total de 53 servidores públicos se encontraban vinculados a proceso penal por hechos relacionados con presuntos actos de corrupción durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se presentaron 105 denuncias penales y se dio seguimiento a cientos de investigaciones relacionadas con posibles responsabilidades administrativas de funcionarios públicos.
En materia administrativa, la Secretaría reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados. De ellos, la mayoría correspondió a faltas no graves, mientras que 667 casos fueron considerados faltas graves, según el corte presentado en el informe gubernamental.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos indebidos, autorización de recursos por bienes o servicios no entregados, compras injustificadas, uso indebido de información, falsificación de documentos y conductas de hostigamiento o acoso sexual.
Delitos bajo investigación
Buenrostro explicó que algunas faltas administrativas pueden constituir delitos, por lo que los expedientes son remitidos a la Fiscalía General de la República para su investigación penal.
Entre los delitos identificados en las denuncias se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
El informe también señala que, al cierre de junio de 2026, además de las 53 personas vinculadas a proceso, 13 asuntos se encontraban en etapa intermedia, cinco en juicio y seis con sentencia en seguimiento.
Prevención y protección de recursos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó además que las medidas preventivas implementadas por el gobierno federal permitieron proteger alrededor de 83.8 mil millones de pesos.
De acuerdo con las cifras presentadas, 29 mil millones de pesos correspondieron a mejoras en procesos de compras; 42.2 mil millones al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones a sanciones y 7.8 mil millones a medidas de eficiencia en la organización gubernamental.
El reporte forma parte de las acciones de fiscalización, prevención y combate a posibles actos de corrupción dentro de la administración pública federal.
