Hay momentos en que una ciudad deja de ser solamente un destino turístico para convertirse en un territorio en disputa. Los Cabos atraviesa uno de esos momentos.
Los enfrentamientos armados, las persecuciones, los cateos, las detenciones de presuntos operadores del narcotráfico y el impresionante despliegue de fuerzas federales ya no parecen hechos aislados. Todo apunta a una lucha por el control de una plaza estratégica entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos, una confrontación que se intensificó tras la ruptura interna provocada por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 y que, de acuerdo con reportes periodísticos y de seguridad, ha extendido sus efectos hacia Baja California Sur.
La importancia de Los Cabos va mucho más allá de la venta de droga al menudeo. Su condición de destino turístico internacional, la intensa movilidad marítima y aérea, el flujo permanente de capitales y visitantes extranjeros convierten al municipio en una plaza de enorme valor para cualquier organización criminal.
Quien controle Los Cabos no sólo obtiene ganancias económicas. Obtiene presencia, logística y una posición privilegiada en el mapa del Pacífico mexicano.
Las últimas semanas han dejado escenas poco comunes para una región que durante años presumió estabilidad: balaceras en zonas urbanas, operativos simultáneos, vehículos asegurados, casas cateadas y presuntos líderes detenidos. Las autoridades federales han informado del aseguramiento de armas, explosivos, inmuebles y de la captura de presuntos generadores de violencia.
Sin embargo, junto con los operativos también han surgido versiones, filtraciones y señalamientos sobre posibles vínculos de funcionarios o corporaciones con alguno de los grupos criminales. Es importante subrayar que muchos de esos señalamientos permanecen en el terreno de la investigación o la denuncia pública y no equivalen a responsabilidades penales acreditadas. En un Estado de derecho, cualquier imputación debe sustentarse con pruebas y resolverse en los tribunales.
Ese es precisamente el mayor desafío.
Porque cuando una plaza entra en disputa, la guerra no solamente se libra entre grupos criminales. También pone a prueba la fortaleza de las instituciones.
La ciudadanía comienza a preguntarse quién filtra información, quién protege a quién, por qué algunos operativos parecen exitosos mientras otros fracasan, y cómo es posible que células armadas operen durante tanto tiempo sin ser detectadas.
La confianza pública se erosiona cuando las respuestas oficiales llegan tarde o son insuficientes.
Los Cabos enfrenta además un riesgo económico enorme.
La percepción internacional de inseguridad puede afectar inversiones, turismo y generación de empleos. Basta recordar que gobiernos extranjeros suelen emitir alertas de viaje cuando consideran que la violencia puede poner en riesgo a sus ciudadanos. Un destino turístico vive tanto de su infraestructura como de su reputación.
Hoy el reto del Estado mexicano no consiste únicamente en detener a más presuntos delincuentes.
La verdadera prueba será demostrar que existe capacidad para recuperar el control territorial, investigar posibles redes de corrupción institucional y garantizar que la ley se aplique sin distinguir colores políticos, uniformes o influencias.
Porque la historia demuestra que cuando una guerra entre organizaciones criminales llega a una ciudad, las primeras víctimas son los ciudadanos que no participan en ella.
Los Cabos no puede acostumbrarse al sonido de las sirenas ni convertir las balaceras en parte del paisaje cotidiano.
La disputa entre Los Mayos y Los Chapitos puede tener motivaciones criminales; la respuesta del Estado, en cambio, debe estar guiada exclusivamente por la legalidad, la inteligencia y la transparencia.
Esa será la única forma de impedir que una plaza turística termine convertida en el escenario permanente de una guerra que nadie eligió, pero cuyos costos terminan pagando todos.
