Padres y madres radicados en la Ciudad de La Paz se preparan para recibir la visita de Miguel Ángel Plata, director de la Fundación MAAS (Menores Afectados por la Alienación Parental), quien llega a nuestra entidad para exponer una verdad que las autoridades han preferido ocultar: Baja California Sur vive una crisis humanitaria y legal sin precedentes en materia de derecho familiar y desaparecidos.
La obstrucción parental, una forma de violencia psicológica que destruye el vínculo entre padres, madres e hijos, no solo es una realidad cotidiana en nuestros hogares, y tiene “cómplices” dentro de las instituciones de gobierno.
Miguel Ángel Plata llega para evidenciar cómo los juzgados del Poder Judicial del Estado se han convertido en centros de mutilación familiar, que en lugar de garantizar el interés superior de la niñez, actúa con base en compadrazgos y colusión de servidores públicos.
EL REZAGO LEGISLATIVO: BAJA CALIFORNIA SUR TIENE UN CONGRESO CIEGO Y SORDO.
Mientras las familias sufren la ruptura de sus lazos, el Congreso del Estado de Baja California Sur brilla por su inacción. Existe un rezago legislativo alarmante y una carencia total de estrategia para implementar el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta parálisis legislativa no es un descuido, es una negligencia que condena a miles de padres y niños a un sistema lento y carente de perspectiva de infancia.
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JSUTICIA: UN ANACRONISMO QUE ATENTA CONTRA LA JUSTICIA
La crisis se agrava al mirar hacia el ámbito penal. Mientras el resto del país avanza, en Baja California Sur seguimos estancados. La negativa a migrar hacia una Fiscalía General del Estado es el reflejo de un sistema que se niega a modernizarse. Seguimos operando bajo una decadente Procuraduría General de Justicia del Estado, un modelo obsoleto que subsiste a pesar de un rezago de más de 12 años para migrar a Fiscalía como lo ordena la Constitución Federal.
EL SELLO DE LA COMPLACENCIA.
Todo este sistema deficiente, que mantiene a padres y madres en la indefensión y a los niños privados de sus derechos fundamentales, cuenta con el aval de la omisión. Es inaceptable la postura del Gobernador Víctor Castro Cosío, cuya administración parece cómoda manteniendo un statu quo que favorece a los obstruccionistas y castiga a las familias. La complacencia desde la gubernatura es, hoy por hoy, el mayor motor de la injusticia en nuestro estado.
La visita de la Fundación MAAS es un llamado a despertar. No podemos seguir permitiendo que nuestra infraestructura judicial sea una herramienta de obstrucción parental. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todas las familias que han sido víctimas de este sistema podrido a estar atentos a los próximos anuncios.
¡Basta de juzgados que separan a las familias y de instituciones que le dan la espalda al futuro de nuestros hijos!
ATENTAMENTE,
