La ficha del Protocolo Alba volvió a circular este miércoles en Baja California Sur. Otra fotografía. Otro nombre. Otra familia atrapada entre la angustia y la incertidumbre.
Italia Betzali Montero Rodríguez, de 21 años, empleada del Ayuntamiento de Los Cabos, fue vista por última vez el 4 de agosto en San José del Cabo. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Ojalá que cuando esta columna llegue a los lectores, Italia ya haya sido localizada con vida. Esa es la prioridad absoluta. Sin embargo, independientemente del desenlace, su desaparición obliga a abrir una discusión que los gobiernos han preferido administrar con boletines antes que enfrentar con resultados.
Porque el problema dejó de ser un hecho aislado.
Cada vez que una mujer desaparece en Baja California Sur, el discurso oficial se activa con rapidez: se emite el Protocolo Alba, se difunden fotografías y se solicita el apoyo ciudadano. Es un mecanismo indispensable, pero también representa la evidencia de que algo falló antes.
La verdadera pregunta no es cuántas fichas se publican.
La pregunta es por qué siguen desapareciendo mujeres.
Baja California Sur ha presumido durante años ser uno de los estados más seguros del país. Los indicadores oficiales suelen colocarlo entre las entidades con menor incidencia delictiva. Sin embargo, esa narrativa comienza a contrastar con una realidad que preocupa cada vez más a las familias: mujeres jóvenes desaparecen y la sensación de vulnerabilidad aumenta.
La desaparición de una mujer no debería normalizarse.
Tampoco debería convertirse en una estadística más.
Aquí es donde los tres niveles de gobierno tienen cuentas pendientes.
El gobierno municipal es el primer contacto con la ciudadanía. Debe seguir creando espacios públicos seguros, alumbrado, vigilancia preventiva y una policía cercana que detecte riesgos antes de que ocurran tragedias.
El gobierno estatal tiene la responsabilidad de coordinar las investigaciones, fortalecer las capacidades de búsqueda inmediata, profesionalizar a los cuerpos especializados y garantizar que cada denuncia reciba atención oportuna.
Y el gobierno federal tampoco puede deslindarse. La estrategia nacional de seguridad debe responder a un fenómeno que afecta a todo el país, con inteligencia, coordinación y recursos suficientes para combatir las redes criminales que, en algunos casos, están detrás de desapariciones de personas.
La desaparición de una mujer nunca puede analizarse bajo prejuicios o especulaciones. Cada minuto cuenta y cada caso merece una investigación exhaustiva hasta conocer la verdad.
También es momento de preguntarnos si el Protocolo Alba está funcionando como debería.
¿Se activa siempre de manera inmediata?
¿Existe coordinación efectiva entre corporaciones municipales, estatales y federales?
¿Se aprovechan oportunamente las cámaras de videovigilancia, los sistemas de geolocalización y los registros tecnológicos disponibles?
¿O seguimos dependiendo, en gran medida, de que la ciudadanía comparta una fotografía en redes sociales?
La sociedad hace lo que puede. Comparte publicaciones, organiza brigadas, pega fichas y acompaña a las familias.
Pero esa no puede ser la política pública.
El Estado fue creado precisamente para proteger la vida y la libertad de las personas.
Cuando una joven desaparece, no fracasa únicamente una institución. Falla todo el sistema.
Por eso la desaparición de Italia Betzali no debe convertirse en un episodio más dentro del flujo informativo. Debe ser un llamado de atención para revisar protocolos, fortalecer las investigaciones y exigir resultados verificables, no únicamente comunicados.
Porque detrás de cada ficha de búsqueda existe una madre que no duerme, un padre que espera una llamada y una familia cuya vida queda suspendida hasta conocer el destino de quien falta.
Mientras las desapariciones de mujeres continúen ocurriendo, ningún gobierno podrá hablar plenamente de paz, seguridad o bienestar.
La verdadera seguridad no se mide por el número de conferencias de prensa ni por los discursos oficiales.
Se mide por la certeza de que una mujer puede salir de su casa y regresar con vida. Y esa, hoy por hoy, sigue siendo una deuda pendiente para los tres órdenes de gobierno en Baja California Sur.
