“Agua para los refrescos, sed para los ciudadanos”
Mientras miles carecen de agua, CONAGUA garantiza 2.45 millones de metros cúbicos a Coca-Cola
Los Cabos, BCS.- En conferencia de prensa, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California Sur, Julio César Villarreal Trasviña, confirmó que durante los próximos seis años se autorizará la entrega de 2 millones 450 mil metros cúbicos de agua a la empresa refresquera Coca-Cola en la ciudad de La Paz.
Aunque el funcionario federal argumentó que se trata únicamente de la unificación de tres títulos de concesión preexistentes y aseguró que no representa una nueva asignación de agua, la decisión ha provocado una fuerte ola de críticas entre diversos sectores sociales, especialmente en una entidad donde la escasez del recurso hídrico es uno de los problemas más graves.
La pregunta que surge entre ciudadanos y especialistas es inevitable: ¿por qué garantizar grandes volúmenes de agua para la producción de refrescos mientras miles de familias padecen desabasto y reciben el líquido de manera intermitente?
Si bien la medida puede ajustarse al marco legal vigente, para muchos resulta socialmente injusta. Tan sólo los 425 mil metros cúbicos anuales que recibirá la empresa podrían abastecer a más de 70 mil 800 familias en Cabo San Lucas, considerando un consumo promedio de 200 litros diarios por persona.
En términos acumulados, los 2 millones 450 mil metros cúbicos autorizados para los próximos seis años equivalen a una cantidad de agua suficiente para abastecer a aproximadamente 424 mil 800 habitantes, una cifra cercana a la población total de Los Cabos.
La polémica se intensifica porque el propio delegado de CONAGUA sostuvo durante la conferencia que la política hídrica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum prioriza el acceso al agua para la población, principio que además ha sido incorporado en las recientes reformas en materia hídrica.
Sin embargo, los hechos parecen enviar un mensaje distinto.
Recientemente, la delegación de CONAGUA en Baja California Sur ordenó la clausura de dos pozos en Cabo San Lucas bajo el argumento de que operaban de manera irregular. Esos pozos abastecían mediante pipas a miles de familias que enfrentan severas carencias de agua potable.
Cabe recordar que el proceso para regularizar dichos pozos fue iniciado durante la administración municipal encabezada por Óscar Leggs y continuaba siendo gestionado por el actual gobierno de Christian Agúndez al momento de la clausura.
Aunque la autoridad federal puede sostener que ambas decisiones se encuentran dentro de la legalidad, el debate público sigue abierto. Mientras se autorizan grandes volúmenes de agua para una empresa refresquera, miles de habitantes de Los Cabos —particularmente aquellos que carecen de conexión a la red de distribución— reciben agua cada 30, 40 o incluso 50 días, dependiendo exclusivamente del suministro mediante pipas.
En un municipio que supera los 500 mil habitantes y donde la crisis hídrica se ha convertido en uno de los principales desafíos para su desarrollo, la discusión ya no gira únicamente en torno a la legalidad de las concesiones, sino a las prioridades sociales en el uso de un recurso cada vez más escaso.
