El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses luego de entregarse en la frontera entre Sonora y Arizona, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Sonora, quedando bajo resguardo de los US Marshals tras cruzar hacia Arizona.
El exfuncionario, quien formó parte del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, prisión federal donde también permanecen recluidos Ismael “El Mayo” Zambada y el expresidente venezolano Nicolás Maduro, este último mencionado por autoridades estadounidenses en investigaciones internacionales.
Según documentos judiciales y reportes de autoridades federales, Gerardo Mérida enfrenta cargos por conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y presuntamente recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones señalan que el militar en retiro habría brindado protección a operaciones criminales mientras ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de aprehensión en su contra, por lo que será trasladado a esa jurisdicción para enfrentar formalmente el proceso penal. Durante una audiencia inicial realizada en Arizona, el juez Eric J. Markovich ordenó su rápido traslado y le asignó un defensor público federal.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que también figuran otros ciudadanos mexicanos presuntamente relacionados con actividades delictivas y protección al crimen organizado.
Por su parte, el Gobierno de México informó que mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, dentro de los mecanismos de cooperación internacional vigentes.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas han solicitado a Estados Unidos las pruebas que sustenten las acusaciones, con el fin de analizar posibles procedimientos legales y solicitudes de extradición relacionadas con otros implicados en el caso.
