La carrera por la gubernatura de Baja California Sur ya comenzó. Aunque las campañas aún parecen lejanas, el verdadero proceso político arrancó desde el momento en que Morena abrió el registro para quienes buscan convertirse en coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que, en los hechos, representa la antesala de las candidaturas de 2027.
En el estado los nombres están sobre la mesa: Christian Agúndez Gómez, Alberto “Cheto” Alvarado, Manuel Cota Cárdenas, Diana Von Borstel, Saúl González Núñez y Milena Quiroga Romero. Todos buscarán convencer a las encuestas, construir alianzas y demostrar capacidad de movilización. Sin embargo, hay un examen que debería estar por encima de cualquier medición de popularidad: el filtro de la legalidad y de la integridad.
Y es ahí donde Morena se juega mucho más que una elección.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, fue clara al reconocer que el principal reto del partido no es la oposición, sino su propio crecimiento. Traducido al lenguaje político, el mensaje tiene una lectura evidente: mientras más grande se vuelve un movimiento, más personas llegan buscando una candidatura y no todas lo hacen por convicción ideológica. También llegan quienes ven en el poder una oportunidad de negocios, de protección o de influencia.
La historia reciente del país ofrece suficientes ejemplos.
En distintos estados, alcaldes, diputados, candidatos y funcionarios de diferentes partidos han terminado bajo investigación o señalados por presuntos vínculos con grupos criminales. En algunos casos fueron rumores; en otros, investigaciones judiciales. Lo verdaderamente grave fue que muchos llegaron al poder porque los partidos confundieron rentabilidad electoral con calidad moral.
Ese es el riesgo que Morena dice querer evitar.
Pero decirlo no basta.
Si el partido realmente pretende impedir que intereses del crimen organizado contaminen sus candidaturas, tendrá que demostrar que los famosos “filtros” existen y funcionan. Porque hasta ahora nadie conoce con precisión en qué consisten. ¿Habrá investigaciones patrimoniales? ¿Se revisarán relaciones empresariales? ¿Se analizarán los equipos financieros de cada aspirante? ¿Se consultará información de inteligencia? ¿O todo quedará reducido a una carta bajo protesta de decir verdad?
La diferencia entre un filtro auténtico y uno de simulación puede definir el futuro político de un estado.
En Baja California Sur el tema adquiere una dimensión especial. La entidad ha logrado mantener, durante años, una relativa estabilidad institucional frente a otros estados donde la violencia electoral ha marcado campañas completas. Esa condición no puede darse por garantizada. El crecimiento económico, el desarrollo turístico, el aumento del valor de la tierra, los megaproyectos y el flujo permanente de inversiones también despiertan el interés de organizaciones criminales que buscan influir, directa o indirectamente, en decisiones públicas.
Quien piense que Baja California Sur está blindada simplemente porque registra menores índices de violencia que otras entidades, estaría ignorando la realidad. La delincuencia organizada no siempre busca controlar territorios con armas; muchas veces busca hacerlo mediante contratos, desarrollos inmobiliarios, concesiones, permisos o decisiones administrativas.
Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en quién encabeza las encuestas.
Las encuestas miden conocimiento, aceptación e intención de voto.
No miden independencia.
No miden conflictos de interés.
No miden relaciones financieras.
Y mucho menos detectan compromisos adquiridos en la oscuridad.
En ese contexto, los seis aspirantes llegan con fortalezas distintas. Christian Agúndez ha construido una estructura política importante; Milena Quiroga mantiene presencia desde la capital del estado; Alberto “Cheto” Alvarado ha intensificado su presencia territorial; Manuel Cota apuesta por la experiencia administrativa; Diana Von Borstel y Saúl González buscan consolidarse como opciones competitivas. Sin embargo, ninguno debería aspirar a convertirse en candidato sin antes pasar una revisión exhaustiva de su trayectoria pública, patrimonial, política y personal.
Porque la verdadera legitimidad ya no se gana únicamente en una encuesta.
Se gana cuando un candidato puede demostrar que no tiene compromisos ocultos.
Hay otro elemento que Morena tampoco puede ignorar: el costo político de equivocarse.
En 2021 la ciudadanía votó mayoritariamente por la Cuarta Transformación con la expectativa de que el combate a la corrupción fuera una diferencia real respecto de los partidos tradicionales. Si hoy el movimiento termina postulando perfiles cuestionados o personajes rodeados de dudas, el discurso de la regeneración perdería una parte importante de su credibilidad.
La oposición, hoy debilitada en Baja California Sur, difícilmente ganará la elección por méritos propios. Pero Morena sí podría perderla por errores propios. Y el mayor error sería pensar que una candidatura popular necesariamente es una candidatura confiable.
Las organizaciones criminales no necesitan gobernar un estado.
Les basta con influir sobre quien toma las decisiones.
Por eso los filtros no pueden convertirse en un simple requisito burocrático para cumplir con el expediente. Deben ser auténticos mecanismos de depuración, capaces de resistir el escrutinio público y de enviar un mensaje contundente: en la política no todo el que puede competir debe competir.
La gubernatura de Baja California Sur no sólo requiere a quien gane una encuesta.
Necesita a quien pueda gobernar con independencia, con autoridad moral y sin deberle absolutamente nada a nadie.
Porque si Morena falla en esa selección, no sólo pondrá en riesgo una elección.
Pondrá en riesgo la confianza de una sociedad que, más allá de colores y partidos, exige que el poder permanezca del lado de los ciudadanos y nunca del lado de quienes pretenden capturarlo desde las sombras.
