El arresto en Los Ángeles del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón Julio César Chávez, por agentes de inmigración de EE.UU. reveló una orden de captura en México que llevaba más de dos años sin cumplirse, desatando duras críticas al gobierno mexicano por su inacción.
El Departamento de Seguridad Nacional acusó a Chávez Jr. de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa —recientemente designado como organización terrorista— y de haber mentido en trámites migratorios para obtener residencia permanente, aprovechando su matrimonio con Frida Muñóz, exesposa de un hijo de “El Chapo” Guzmán.
Analistas señalaron que el caso exhibe la colusión o negligencia de las autoridades mexicanas, que permitieron al boxeador moverse libremente por años, incluso participar en actos públicos, pese a las acusaciones de actuar como “ajustador de cuentas” del cártel. Según información judicial filtrada al diario Reforma, “Los Chapitos” habrían utilizado a Chávez Jr. para golpear a rivales como método de intimidación.
La familia del pugilista calificó los señalamientos de “indignantes” y sin fundamento. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que no conocía la orden de aprehensión y dijo que esperará a que Chávez Jr. sea deportado y enfrente la justicia en México.
La detención reaviva cuestionamientos sobre la incapacidad del Estado mexicano de actuar contra figuras públicas ligadas al crimen organizado, dejando que sea EE.UU. quien “enmiende la plana”.
