Kissimmee, Florida, Estados Unidos, 21 de octubre de 2026.– La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, de 58 años, fue detenida este miércoles y enfrenta cargos por hurto mayor y esquema organizado para defraudar, informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Espinosa fue ingresada en la cárcel del condado de Osceola. Los registros penitenciarios señalan que los cargos están relacionados con un presunto hurto de entre 20 mil y 100 mil dólares, así como un supuesto esquema de fraude por 50 mil dólares o más.
En Florida, estos delitos pueden alcanzar penas máximas de hasta 15 años de prisión por hurto mayor y 30 años por fraude organizado, dependiendo de las circunstancias y de la resolución judicial del caso.
Investigan posible conflicto de intereses
La detención ocurre después de que, en agosto pasado, la Comisión de Ética de Florida señalara indicios preliminares de un posible conflicto de intereses relacionado con una empresa de Espinosa que habría recibido una subvención gestionada por la propia alcaldía.
Según reportes de medios locales, los recursos provenían de un programa municipal dirigido a pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19, financiado con fondos federales. La conclusión de la comisión fue preliminar, por lo que no constituye por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad penal.
El fiscal general anunció que las autoridades ofrecerían una conferencia de prensa en su oficina de Orlando para proporcionar más detalles sobre el arresto y los cargos presentados contra la funcionaria.
¿Quién es Jackie Espinosa?
Espinosa, de ascendencia puertorriqueña, asumió la alcaldía de Kissimmee en noviembre de 2024. La ciudad, ubicada al sur de Orlando, cuenta con aproximadamente 85 mil habitantes, de los cuales cerca de siete de cada diez son hispanos, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Hasta el momento, la información proporcionada no detalla una resolución judicial sobre los cargos. La acusación deberá seguir su curso legal y la funcionaria conserva la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad conforme a la ley.
