Cuando vamos al cine o vemos una película en casa, pocas veces pensamos en todo lo que tuvo que resolverse antes de que esa historia pudiera llegar a la pantalla. Detrás de una producción audiovisual existe una estructura jurídica que involucra derechos de autor, derechos de propiedad industrial, derechos de personalidad, contratos, licencias y autorizaciones que resultan fundamentales para su desarrollo y explotación.
El cine mexicano no solo constituye una de las expresiones culturales más importantes del país; también forma parte de una cadena productiva que involucra creación, inversión, producción, distribución y exhibición. En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, que se conmemora cada 15 de agosto, vale la pena detenernos a reflexionar, no solo sobre las joyas que ha desarrollado el cine nacional, sino también en los derechos que hacen posible que esas historias puedan ser creadas y llevadas al público.
La adecuada gestión de los derechos involucrados en una producción audiovisual contribuye a proteger la viabilidad de una obra, desde su desarrollo y financiamiento hasta su distribución, mediante la implementación de directrices técnicas que brinden certeza jurídica y salvaguarden la titularidad de los diversos participantes en la cadena productiva. Por ello, Arochi & Lindner comparte algunos de los principales aspectos que deben revisarse desde el desarrollo de una producción:
- Titularidad y cadena de derechos. Es fundamental identificar quién es titular de los derechos sobre el guion, la obra audiovisual y demás elementos creativos, así como documentar adecuadamente las cesiones o autorizaciones necesarias.
- Música y otras obras de terceros. La incorporación de una canción a una película suele requerir, entre otras autorizaciones, la obtención de los derechos de sincronización. Lo mismo ocurre con otros materiales de terceros, como libros, fotografías, pinturas o imágenes de archivo, cuyo uso puede requerir autorización de sus respectivos titulares. Desde el desarrollo de la producción es importante identificar qué contenidos de terceros serán utilizados, quiénes son sus titulares y qué licencias o autorizaciones se requieren para su incorporación.
- Imagen y derechos de la personalidad. La aparición, representación o referencia a personas reales puede involucrar derechos distintos de los derechos de autor, como los derechos a la propia imagen, al honor, a la vida privada y al nombre, entre otros. Por ello, particularmente en producciones que incorporan personas reales, testimonios o acontecimientos de la vida de una persona, resulta importante analizar desde el desarrollo del proyecto qué derechos pueden verse involucrados y, en su caso, qué autorizaciones o medidas deben considerarse para su utilización o representación.
- Historias basadas en hechos reales. Cuando una producción parte de acontecimientos o personas reales, resulta relevante distinguir entre los hechos que sirven de base a la historia y los elementos que han sido creados o ficcionalizados. La modificación de nombres o determinados aspectos de una persona no necesariamente elimina los riesgos jurídicos.
Las controversias que afectan a una producción audiovisual rara vez aparecen de manera espontánea, y con frecuencia, tienen su origen en decisiones adoptadas durante las etapas de desarrollo y planeación.
Atender estas cuestiones antes del rodaje puede representar una inversión considerablemente menor frente a los costos de resolver una controversia cuando la obra ya está terminada o incluso después de su estreno. Los derechos involucrados en una película forman parte del activo que permite desarrollarla, distribuirla y generar valor a lo largo del tiempo.
Un ejemplo emblemático del cine mexicano es el caso Cantinflas. Después de la muerte de Mario Moreno, surgió una disputa respecto de la titularidad y explotación de 39 de sus películas. El conflicto enfrentó a su hijo Mario Moreno Ivanova, con su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, quien sostenía que Mario Moreno “Cantinflas” le había transmitido los derechos de explotación de las películas mediante un acuerdo celebrado antes de su fallecimiento.
El caso permite dimensionar la importancia de contar con una cadena de titularidad clara y debidamente documentada. Una obra audiovisual puede continuar generando valor durante décadas, por lo que las decisiones adoptadas respecto de sus derechos pueden tener consecuencias mucho tiempo después de concluida una producción.
Otro ejemplo relevante es el documental mexicano Presunto Culpable, cuya exhibición generó una controversia relacionada con la aparición de una de las personas involucradas en los hechos que documentaba la producción. El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analizó la posible afectación de sus derechos de personalidad frente al interés público de la información contenida en el documental. La Primera Sala concluyó, en las circunstancias concretas del caso, que la difusión de esa información no constituía daño moral, debido a su relación directa con el interés público propio del proceso penal.
El caso demuestra que, particularmente en producciones basadas en hechos reales, la revisión jurídica no debe limitarse a identificar quién tiene los derechos sobre la obra audiovisual. También resulta necesario analizar la forma en que serán representadas o incorporadas personas reales y el posible impacto en derechos como la imagen, el honor y la vida privada, considerando al mismo tiempo otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información.
“En una producción audiovisual, el trabajo jurídico no debe limitarse a resolver problemas cuando ya se han presentado. Una parte fundamental de nuestra labor consiste en identificar desde el desarrollo aquellos riesgos que podrían entorpecer la producción, retrasar su estreno o incluso limitar su explotación comercial. Una adecuada estrategia legal también significa proteger el presupuesto de la producción y evitar contingencias que pudieron preverse desde el inicio, que terminen convirtiéndose en costos innecesarios”, señaló Erick Hernández, asociado de Arochi & Lindner y abogado especialista en derecho del entretenimiento y propiedad intelectual.
En industrias donde la creatividad constituye uno de los principales activos, incorporar una perspectiva jurídica desde las primeras etapas del proyecto permite anticipar riesgos, proteger el presupuesto de la producción y brindar mayor certeza en su desarrollo, producción y comercialización.
