La diputada Karina Olivas plantea reformar la Ley Orgánica Municipal para transmitir en vivo las sesiones y hacer públicos asuntos que actualmente se analizan de manera privada
La Paz, BCS.— Con el propósito de ampliar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en los gobiernos municipales de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformas a la Ley Orgánica Municipal para reforzar el esquema de Cabildo Abierto.
La iniciativa plantea que las sesiones de las comisiones edilicias y del cabildo sean transmitidas en tiempo real a través de los medios electrónicos oficiales de los ayuntamientos, además de quedar grabadas y disponibles para consulta pública.
La legisladora sostuvo que, pese a los avances registrados en materia de participación ciudadana, es necesario mantener una vigilancia permanente que permita a la población involucrarse en las decisiones de los gobiernos locales, particularmente en asuntos relacionados con servicios públicos, desarrollo urbano, movilidad, seguridad y cuidado de los espacios públicos.
Cabildo Abierto, con mayor participación ciudadana
La propuesta define al Cabildo Abierto como un mecanismo de democracia participativa mediante el cual los ayuntamientos generan espacios institucionales para que los habitantes puedan expresar directamente sus opiniones, propuestas, inquietudes y necesidades sobre asuntos de interés público.
Además de las transmisiones en vivo, la iniciativa contempla que los ayuntamientos publiquen en sus plataformas oficiales los calendarios de sesiones, órdenes del día y archivos digitales relacionados con comunicaciones, dictámenes, acuerdos, decretos y otros documentos vinculados con los trabajos de las comisiones edilicias y los cabildos.
Buscan sacar de sesiones privadas licencias y remociones
Uno de los cambios planteados apunta directamente a los mecanismos de transparencia al proponer que los asuntos relacionados con solicitudes de licencia y remoción de servidores públicos municipales dejen de ser considerados materia de sesiones privadas y puedan ser conocidos públicamente.
No obstante, la propuesta contempla un procedimiento para aquellos casos en que exista una razón para solicitar una sesión privada. Mediante la adición del artículo 36 Bis, cualquier integrante del cabildo podría solicitarla, pero tendría que integrarse una Comisión Especial encargada de evaluar la petición y realizar una prueba de daño, además de informar al cabildo sobre la resolución.
La reforma también establece que los ayuntamientos tendrían un plazo máximo de seis meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para armonizar sus reglamentos municipales. Asimismo, deberán difundir los mecanismos disponibles de transparencia y participación ciudadana.
