- Protocolo único y controles de confianza, el reto rumbo a 2027
La elección de 2027 no sólo pondrá a prueba a los partidos políticos en Baja California Sur. Pondrá a prueba a toda una sociedad que tendrá que decidir si permite que el dinero, los intereses oscuros y eventualmente el crimen organizado encuentren una puerta de entrada a las instituciones.
La propuesta de establecer un protocolo único para cerrar el paso a los llamados “narco-candidatos” llega en un momento particularmente sensible. Y aunque la iniciativa parte de un planteamiento surgido en el Esdtado de Querétaro, trasladarla al debate sudcaliforniano resulta no sólo pertinente, sino urgente.
Porque la seguridad no se construye únicamente con policías, patrullas, cámaras, fiscalías y coordinación entre los tres niveles de gobierno. También se construye evitando que personas vinculadas con actividades ilícitas puedan llegar a ocupar posiciones desde las cuales tendrían acceso a decisiones, presupuesto, información y poder político.
Ahí está el verdadero fondo del asunto.
En Baja California Sur ya comenzó, de facto, la carrera hacia 2027. Los partidos miden fuerzas, aparecen aspirantes, se construyen alianzas y empiezan los reacomodos. Y mientras todos hablan de competitividad electoral, pocos hablan de una pregunta elemental: ¿quiénes estarán realmente detrás de los nombres que aparecerán en la boleta?
No basta con ganar una elección.
Hay que llegar limpio a ella.
La propuesta de un esquema de “6 de 6” puede convertirse en un punto de partida para abrir una discusión seria entre partidos, autoridades electorales y sociedad civil. Declaración patrimonial, fiscal, de intereses, antecedentes penales y alimentarios, pruebas de adicciones y una revisión independiente de la congruencia entre los ingresos y el patrimonio.
Y todavía más: controles de confianza que permitan detectar posibles vínculos con organizaciones criminales.
No se trata de criminalizar a nadie ni de convertir una elección en un tribunal político. Se trata de establecer candados transparentes, verificables y jurídicamente sustentados, iguales para todos.
Porque si alguien pretende gobernar una ciudad, legislar desde el Congreso o administrar los recursos públicos, lo mínimo que puede exigírsele es explicar de dónde viene su patrimonio, cómo obtiene sus ingresos, qué intereses tiene y si existe alguna relación que pueda comprometer el ejercicio de su cargo.
El silencio en esta materia sería un error.
Y los partidos tienen una responsabilidad particularmente grande.
Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Movimiento Laborista y el resto de las fuerzas políticas con presencia en el estado no deberían esperar a que una autoridad les imponga mayores controles. Podrían adelantarse y establecer voluntariamente un estándar común de integridad para sus aspirantes.
Sería, además, una señal política poderosa.
Porque en tiempos donde la ciudadanía exige transparencia, ya no basta con presentar candidatos populares, competitivos o con estructuras electorales capaces de movilizar votos. La sociedad también quiere saber quién financia, quién respalda y quién está detrás de cada proyecto político.
Baja California Sur tiene demasiado que perder.
Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé enfrentan retos enormes en materia de seguridad, crecimiento urbano, agua, vivienda, infraestructura y desarrollo económico. Las decisiones que tomen sus gobiernos durante los próximos años tendrán consecuencias de largo plazo.
Por eso la discusión no debería reducirse a quién tiene más posibilidades de ganar.
La pregunta de fondo es otra:
¿Quiénes son realmente aptos para gobernar?
La boleta electoral no puede convertirse en una puerta trasera para intereses que nadie quiere dentro de las instituciones.
Y aquí sociedad, partidos, autoridades electorales y gobiernos tienen que asumir su parte.
Si de verdad se quiere preservar a Baja California Sur como un estado seguro, democrático y atractivo para vivir, invertir y formar una familia, hay que entender que la seguridad también empieza antes de la elección.
Empieza cuando se decide quién puede llegar a la boleta.
2027 todavía está adelante. Precisamente por eso hay tiempo para construir los candados.
Después, cuando estén las campañas encima, quizá sea demasiado tarde.
La exigencia debe ser sencilla y contundente: quien aspire a representar a los sudcalifornianos, que primero demuestre que no tiene nada que esconder.
Porque el poder público no puede ser refugio de delincuentes, ni premio para quienes pretendan servirse de Baja California Sur.
La boleta también se limpia.
