El dirigente de Gastronómicos atribuyó la falta de solución a las impugnaciones de la empresa y al fracaso de las negociaciones; 79 trabajadores iniciaron la lucha y tres fallecieron sin recibir el pago.
La Paz, BCS.— A unos días de cumplirse 18 años del estallamiento de la huelga del hotel Los Arcos, el próximo 21 de noviembre, el secretario general del sindicato de Gastronómicos, Omar Orantes, señaló que el adeudo por salarios caídos ronda los 170 millones de pesos.
Acompañado por trabajadores huelguistas y su representación legal, el dirigente sostuvo que el conflicto permanece sin solución por las impugnaciones promovidas por la empresa y la falta de un acuerdo que garantice el pago de los derechos laborales. Durante este periodo, tres de los 79 trabajadores involucrados fallecieron sin ver resueltas sus demandas.



Orantes manifestó que han transcurrido administraciones de distintos partidos sin que llegue una solución definitiva para las familias, y pidió a las autoridades judiciales resolver los asuntos pendientes para avanzar hacia el cobro.
Los orígenes del conflicto
Luisa Enríquez, trabajadora huelguista e integrante de la dirigencia sindical, explicó que el conflicto surgió por el incumplimiento de prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo y por la sustitución de personal sindicalizado mediante la contratación de empresas externas.
Según su testimonio, los trabajadores mantenían una buena relación con la administración anterior del hotel, pero los cambios en su conducción derivaron en afectaciones a prestaciones que ya tenían reconocidas, entre ellas becas, propinas y comisiones.
Sostuvo que la demanda que dio origen a la huelga era el respeto de esos derechos, y aseguró que los trabajadores han mantenido disposición para negociar durante los años de cierre.
Impugnaciones mantienen pendiente el pago
La representación legal del sindicato explicó que el procedimiento ha atravesado diversas resoluciones laborales, juicios de amparo y suspensiones que han impedido ejecutar el cobro.
Actualmente, indicó, se encuentra pendiente una determinación federal relacionada con el planteamiento de la empresa sobre la prescripción del derecho a ejecutar las resoluciones laborales, bajo el argumento de que existieron periodos de inactividad procesal.
La defensa sindical rechazó que hubiera abandono del procedimiento. Sostuvo que los periodos señalados correspondieron a suspensiones judiciales que impedían continuar con la ejecución y que, una vez levantadas, se promovieron nuevamente las acciones para reclamar el pago.
De acuerdo con los abogados, una vez que las resoluciones correspondientes queden firmes, se podrá continuar con el procedimiento para hacer efectivos los derechos de los trabajadores, incluso mediante el eventual remate o adjudicación de bienes de la empresa.
Negociaciones sin acuerdo
Orantes informó que hace aproximadamente dos o tres meses hubo un nuevo acercamiento con la familia propietaria, con la participación del gobernador como intermediario.
En esa negociación se planteó entregar un terreno como alternativa de pago; sin embargo, el dirigente cuestionó el avalúo presentado por la contraparte, que fijaba un valor comercial de 559 millones de pesos. Según su versión, las diferencias sobre el valor del inmueble impidieron concretar el acuerdo.
El dirigente también rechazó los señalamientos difundidos contra el sindicato en redes sociales y sostuvo que la reapertura del hotel debe pasar por una solución que respete los derechos de quienes laboraron en él.


