Inspección judicial documenta paso vehicular y peatonal; sobresee juzgado amparo contra presuntas restricciones de ingreso.
Los Cabos, BCS.— El juez federal Carlos Arturo Rivero Verano, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California Sur, determinó que no se acreditó la existencia de una orden de las autoridades para impedir el acceso a la playa San Cristóbal, tras valorar una inspección judicial que documentó el libre paso vehicular y peatonal.
La resolución corresponde al juicio de amparo indirecto 1106/2026, promovido por México Unido por sus Playas. BCS, Asociación Civil, por conducto de su representante legal, Rafael Vázquez Covarrubias.
En la sentencia, fechada el 10 de noviembre de 2026, el juzgador resolvió sobreseer el juicio al concluir que no se demostró el acto reclamado: una presunta orden verbal o escrita para impedir a integrantes de la organización transitar hacia la playa por el acceso del Rancho San Cristóbal.
El fallo fue emitido y firmado por Carlos Arturo Rivero Verano, ante Claudia Guadalupe Adrián Tirado, secretaria del juzgado, quien actuó y dio fe de la resolución. Ambos aparecen como firmantes en la evidencia criptográfica incorporada al documento.
Documentan acceso libre
Una de las pruebas centrales fue la inspección judicial realizada el 22 de septiembre de 2026 en el Rancho San Cristóbal, ubicado sobre la carretera Cabo San Lucas–Todos Santos, en el municipio de Los Cabos.
La diligencia fue practicada por una actuaria judicial adscrita a la Unidad de Gestión Actuarial y Notificaciones del Poder Judicial de Los Cabos, con residencia en Cabo San Lucas, en auxilio del juzgado federal.
Durante la diligencia, la actuaria asentó que “no existe limitación alguna para el acceso a la playa San Cristóbal”.
De acuerdo con la resolución, el ingreso a la playa se encontraba libre tanto para vehículos como para peatones al momento de la inspección.
Distinguen caseta de vigilancia
La funcionaria judicial también hizo una distinción entre el ingreso al rancho de actividades y el paso hacia la playa.
Según las constancias examinadas por el juzgado, el control y la caseta de vigilancia ubicados en el sitio inspeccionado corresponden al acceso al rancho de actividades “San Cristóbal”.
La presencia de esas instalaciones no acreditó, conforme a los resultados de la diligencia, una restricción para ingresar a la playa.
El juez concedió valor probatorio pleno a la inspección por haber sido realizada por una funcionaria pública en ejercicio de sus atribuciones.
Sobreseen juicio
La asociación promovente había reclamado una presunta instrucción de las autoridades para impedir a sus integrantes el libre tránsito y acceso a la playa por el ingreso del rancho.
Al rendir sus informes justificados, las autoridades señaladas negaron la existencia de esa orden.
El juzgador consideró que la parte quejosa no aportó pruebas para desvirtuar esas negativas ni acreditar la existencia del acto denunciado. A ello se sumaron los resultados de la inspección judicial.
Con esos elementos, Rivero Verano determinó sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado.
La resolución establece así que no se acreditó la orden de restricción denunciada y recoge la constatación judicial de que, durante la inspección del 22 de septiembre, la playa San Cristóbal contaba con acceso vehicular y peatonal sin limitaciones.
