Los Cabos, BCS.- Mientras cientos de familias en Cabo San Lucas pasan hasta 40 días esperando que el agua llegue a sus hogares, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó la extracción de 425 millones de litros de agua subterránea para uso industrial a una empresa que es nada más y nada menos que Coca-Cola, una decisión que ha encendido cuestionamientos sobre las prioridades de la política hídrica en Baja California Sur.
La autorización quedó plasmada en el Título de Concesión 858327, firmado por el delegado de Conagua en la entidad, Julio César Villarreal Trasviña. El documento concede a Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V. el derecho de explotar aguas nacionales subterráneas por un volumen anual de 425 mil metros cúbicos —equivalentes a 425 millones de litros— durante los próximos seis años.
La concesión se ubica en el acuífero de La Paz, una ciudad que también enfrenta problemas de abastecimiento en diversas colonias. Sin embargo, el contraste más evidente se vive en Los Cabos, donde miles de habitantes continúan dependiendo de pipas, tandeos y largas esperas para acceder al recurso más básico para la vida.
La polémica crece porque, de acuerdo con denuncias de sectores ciudadanos, mientras Conagua mantiene restricciones, retrasos e incluso clausuras de pozos destinados al suministro de agua para la población, sí autoriza millonarios volúmenes para actividades industriales.
Los registros comerciales identifican a la empresa beneficiada como Bodega Coca-Cola – Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V., por lo que el agua concesionada no estará destinada al consumo humano directo, sino a la producción de bebidas embotelladas.
La cifra no es menor. El permiso garantiza un flujo aproximado de 31.4 litros por segundo, las 24 horas del día, durante seis años consecutivos, en un estado que enfrenta una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente.
El caso también revive el debate sobre la nueva legislación en materia de agua, que establece como prioridad el consumo humano y la preservación ambiental. Bajo ese principio, diversos sectores cuestionan si resulta congruente autorizar nuevas concesiones industriales mientras comunidades enteras enfrentan escasez crónica.
La discusión trasciende lo administrativo y se instala en el terreno político: ¿cómo justificar que haya agua garantizada para producir refrescos, mientras miles de familias siguen esperando que salga una gota de sus llaves?
