Hubo un tiempo en que las encuestas eran una herramienta de enorme valor para la política. No eran un instrumento propagandístico ni un recurso de guerra digital. Eran estudios de opinión elaborados bajo metodologías científicas, con muestras representativas, trabajo de campo verificable y márgenes de error claramente establecidos. Su propósito era medir el estado de ánimo del electorado y ofrecer una fotografía confiable de la realidad política.
Eran, además, costosas. Una encuesta seria difícilmente podía realizarse por menos de 300 mil pesos, precisamente porque detrás existía un proceso técnico complejo que implicaba diseño metodológico, levantamiento en campo, procesamiento estadístico y análisis profesional.
Hoy, lamentablemente, esa credibilidad se encuentra profundamente erosionada.
Las encuestas dejaron de ser un instrumento para conocer la opinión ciudadana y se transformaron en un mecanismo para intentar moldearla. Ya no buscan retratar la realidad; pretenden construir una percepción favorable para quien las paga o las difunde.
El mejor ejemplo se encuentra en el proceso interno que vive la llamada Cuarta Transformación en Baja California Sur.
Si alguien intentara comprender quién encabeza realmente las preferencias únicamente observando las redes sociales, concluiría un absurdo: todos van ganando.
Cada semana aparece una nueva empresa demoscópica con resultados distintos. Un día la ventaja corresponde a Milena Quiroga; al siguiente, Manuel Cota presume ocupar el primer lugar; después Christian Agúndez aparece encabezando otro estudio completamente diferente. Mientras tanto, Saúl González y Alberto “Cheto” Alvarado no aseguran ser punteros, pero difunden mediciones donde aparecen creciendo aceleradamente, como si cada semana duplicaran sus preferencias.
La excepción parece ser Diana Von Borstel, quien incluso en las mediciones que circulan favorablemente encuentra dificultades para colocarse entre los primeros lugares.
La conclusión es inevitable: si todas las encuestas fueran ciertas, todos serían los ganadores simultáneamente.
Evidentemente eso resulta imposible.
El problema no radica únicamente en que existan resultados contradictorios. Lo verdaderamente preocupante es la creciente opacidad alrededor de muchas de las empresas que las elaboran. Algunas aparecen de la noche a la mañana sin antecedentes conocidos; otras operan desde entidades donde jamás han realizado trabajo de campo en Baja California Sur; algunas simplemente rentan su nombre para publicar cifras cuya metodología nunca es transparente; y no faltan aquellas cuya existencia física resulta prácticamente imposible de comprobar.
Las redes sociales terminaron por convertir cualquier gráfico elaborado en computadora en una supuesta encuesta profesional.
Y esa práctica ha terminado por contaminar un instrumento que durante décadas fue indispensable para la ciencia política.
Paradójicamente, quienes más daño le han hecho a las encuestas han sido los propios actores políticos. En su afán por demostrar una fortaleza que muchas veces no existe, terminaron saturando el espacio público con mediciones contradictorias hasta provocar el efecto inverso: hoy pocos ciudadanos creen en ellas.
La sobreexposición terminó por destruir su credibilidad.
Pero existe un elemento todavía más delicado.
La encuesta que realmente definirá al próximo coordinador estatal de la Cuarta Transformación tampoco genera confianza entre amplios sectores del propio movimiento.
Morena construyó buena parte de su discurso criticando los viejos métodos del PRI, particularmente el célebre “dedazo”, aquella decisión tomada desde las cúpulas para imponer candidatos sin importar la voluntad de las bases.
Sin embargo, conforme se acerca la definición interna, las dudas crecen. Más allá del resultado, la pregunta que muchos militantes comienzan a formular es si la encuesta será realmente el criterio decisivo o únicamente la justificación estadística de una decisión previamente tomada.
La diferencia es enorme.
Porque cuando la militancia deja de confiar en el método, el problema deja de ser quién gana y pasa a ser la legitimidad del ganador.
Y allí reside el verdadero riesgo político.
Los procesos internos no sólo producen candidatos; también generan cohesión… o fracturas.
Si quien resulte favorecido no logra convencer a los demás aspirantes de que existió un proceso transparente, el costo político podría extenderse mucho más allá de agosto. Las heridas internas rara vez cicatrizan durante una campaña constitucional.
La historia política mexicana ofrece numerosos ejemplos de partidos que perdieron elecciones no frente a la oposición, sino frente a sus propias divisiones.
Por eso, más que la publicación diaria de encuestas de dudosa procedencia, lo que realmente observa la ciudadanía es la capacidad del partido gobernante para conducir un proceso que inspire confianza.
Porque una candidatura puede obtenerse mediante una decisión interna.
La gubernatura, en cambio, sólo puede conquistarse con legitimidad, unidad y respaldo ciudadano.
Quizá por eso comienza a escucharse con mayor frecuencia una frase que sintetiza el ambiente de incertidumbre que rodea al proceso:
“Podrá ser candidata… pero no necesariamente gobernadora.”
En política, las percepciones cuentan.
Pero la confianza vale mucho más que cualquier encuesta.
Pd. La única encuestadora visible y que historicamente ha acertado en sus resultados es la sudcalforniana MFT Mercadotecnia. En 2021 cuando todas las empresan daban como perdedor a Víctor Castro, la antes descrita lo daba ganador, con mínimo margen, pero ganador.
