En política hay reglas no escritas que suelen ser más importantes que los propios estatutos. Una de ellas establece que un proceso interno sólo fortalece a un partido cuando quienes participan creen que existe una competencia auténtica. Cuando esa confianza desaparece, las fracturas dejan de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia.
Eso es precisamente lo que hoy enfrenta Morena y la alianza que lo acompaña en Baja California Sur.
Tanto Christian Agúndez Gómez como Manuel Cota Cárdenas han dejado claro que aceptan el mecanismo definido por su partido para elegir a quien buscará la gubernatura en 2027. Reconocen que la encuesta forma parte de las reglas del movimiento y están dispuestos a someterse a ella. Sin embargo, también han marcado una línea que consideran innegociable: no aceptarán una candidatura decidida de antemano desde las cúpulas políticas.
Su mensaje es contundente. Lo único que están dispuestos a reconocer como legítimo es la voluntad de los sudcalifornianos expresada mediante un proceso transparente. Lo contrario, sostienen, equivaldría al viejo “dedazo” que durante décadas caracterizó al sistema político mexicano y que Morena prometió desterrar cuando llegó al poder.
Ese es hoy el principal desafío del partido gobernante.
Más allá de quién resulte mejor posicionado, Morena necesita construir un proceso creíble, transparente y verificable. La encuesta no sólo definirá un nombre; definirá también la unidad del movimiento y la legitimidad de quien eventualmente encabece la campaña constitucional.
Porque si el resultado es percibido como una decisión previamente tomada, el costo político podría ser considerable.
En los hechos, la percepción pública apunta a que buena parte del aparato gubernamental y de la estructura política oficial se encuentra alineada con el proyecto de Milena Quiroga Romero. Esa “cargada” —fenómeno históricamente conocido en la política mexicana— no necesariamente puede atribuirse a la propia alcaldesa con licencia. Sin embargo, sí alimenta la idea de que el desenlace del proceso interno podría estar decidido antes de que la militancia y la ciudadanía conozcan siquiera la metodología completa de la encuesta.
Y es justamente esa percepción la que preocupa a sus adversarios internos.
No se trata únicamente de competir contra una aspirante con respaldo político. Lo que cuestionan es la posibilidad de participar en una contienda cuyo resultado, según consideran, ya habría sido definido en las cúpulas del poder.
El gobernador Víctor Castro Cosío ha reiterado públicamente que respetará la decisión del partido y que trabajará institucionalmente con quien resulte ganador del proceso. No obstante, en política las declaraciones suelen medirse frente a las percepciones, y hoy esas percepciones hablan de una balanza inclinada. Cuando la sensación de “dados cargados” comienza a instalarse entre la militancia, la credibilidad del proceso empieza a erosionarse.
Morena enfrenta entonces una decisión estratégica.
Puede demostrar que la encuesta será un verdadero ejercicio democrático y fortalecer su unidad rumbo a 2027, o puede permitir que la percepción de imposición termine provocando la mayor crisis interna desde su llegada al poder en Baja California Sur.
No son pocos los analistas que recuerdan un antecedente histórico.
En 1999, Leonel Cota Montaño rompió con el PRI tras considerar agotadas las posibilidades de competencia interna y decidió buscar la gubernatura bajo las banderas de la izquierda. Aquella decisión cambió para siempre el mapa político de Baja California Sur. El PRI perdió el poder y, más de tres décadas después, continúa sin recuperarlo.
Las circunstancias actuales son distintas y los actores también. Sin embargo, la enseñanza permanece vigente: los procesos internos mal conducidos pueden terminar definiendo elecciones constitucionales.
En política, las derrotas no siempre las provoca el adversario. Con frecuencia nacen dentro de casa.
Y quizá esa sea hoy la mayor amenaza para Morena en Baja California Sur.
