La Administración de Donald Trump ha desatado una batalla legal al deportar a casi 300 venezolanos a El Salvador, desafiando una orden judicial que prohibía su expulsión. La Casa Blanca justifica su decisión argumentando que los vuelos ya habían despegado antes de que la orden fuera oficial. Sin embargo, los tribunales cuestionan esta versión y han exigido explicaciones detalladas sobre los tiempos de los vuelos.
El juez James Boasberg, quien bloqueó la deportación, ha citado al Gobierno a una audiencia para determinar si se incurrió en desacato. Mientras tanto, la Administración Trump ha respondido solicitando la recusación del magistrado y defendiendo su postura de que una orden verbal no tiene el mismo peso legal que una escrita.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado de Trump, se burló de la decisión judicial con un mensaje en redes sociales, generando aún más controversia. La Casa Blanca insiste en que los deportados son miembros del grupo criminal Tren de Aragua y que su expulsión es una cuestión de seguridad nacional.
Este episodio es parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para endurecer la política migratoria y desafiar a los tribunales. Desde su regreso al poder, el presidente ha mostrado un enfoque agresivo en materia de deportaciones, enfrentándose repetidamente a fallos judiciales que intentan limitar sus acciones.
El conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema, lo que marcaría un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial. Expertos advierten que esta disputa representa una amenaza para el sistema de división de poderes en EE.UU., mientras que Trump y su equipo refuerzan su discurso de mano dura en materia de inmigración.
