La coyuntura que enfrenta México con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump obliga a que en lo interno haya un cierre de filas del sector empresarial con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum en materia de inversiones, de generación de empleos, en deportaciones y en rubro de incrementos de aranceles, por ello es importante que desde Los Cabos no se manden señales equivocadas y que el controversial caso del camino costero de Cabo del Este se resuelva conforme a derecho, sin caer en la seducción de poses políticas, del aplauso fácil o de contentillos a la vox populi.
Todos los actores en el caso deben tener prudencia y hacer prevalecer el estado de derecho, dar la razón jurídica a quien la tenga, ya sea los particulares que se dicen propietarios del terreno lineal de 3.9 kilómetros o a las voces de ciudadanos que lo reclaman como un camino vecinal que incluso -dicen- se encuentra enlistado en el Registro Agrario Nacional.
El tema que parecía doméstico entre choyeros, en la mañana del miércoles fue exhibido en la mañanera de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, quien aunque fue cautelosa en su respuesta al señalar que lo abordaría con el Gobernador Víctor Castro Cosío, dijo que de existir alguna irregularidad se debería frenar esa acción privatizadora de playas.
En esa línea del tiempo, por la tarde el Gobernador Víctor Castro Cosío puso por delante que todo se haga conforme a la Ley, que respalda la decisión del alcalde Christian Agúndez de establecer una mesa de diálogo donde participen todas las partes involucradas.
A fuerza de ser sinceros, no se trata de una simple controversia doméstica, que solo incumbe a un sector de población que proclama como suyo esa tierra cerca de la costa, se trata del mensaje que se va a enviar a los inversionistas extranjeros justo ahora que las relaciones entre México y Estados Unidos pende de alfileres, con un presidente como Donald Trump que ha cerrado las fronteras a la migración, que amenaza que a partir de febrero va a aplicar a nuestro país aranceles del 25 por ciento a las importaciones y que va a declarar a los cárteles de las drogas como terroristas.
Las amenazas arancelarias de Trump ya comienzan a causar su impacto en algunas inversiones como General Motor que a través de su presidenta general Mary Barra ha dejado entrever que si el Gobierno de EEUU la hace efectiva, estarían valorando mover su armadora de nuestro país a la Unión Americana, dejando sin empleo a cientos de mexicanos.
Por eso es importante señalar que en Cabo del Este no solo está en juego el respeto a la propiedad privada sino el retiro de una inversión de 2 mil millones de dólares en la construcción de 5 desarrollos integralmente planeados (DTI), que estaría generando unos 5 mil empleos directos y 10 mil indirectos para los próximos 10 años, sin olvidar que el mercado que adquirirá y por tal invertirá en comprar esos desarrollos serán en su mayoría norteamericanos que de ninguna manera lo harán si no hay un sustento jurídico.
Estos inversionistas extranjeros (españoles y mexicanos) ya han sorteado los trámites de autorización de los desarrollos en dependencias de los tres niveles de Gobierno, por ello le deben estar apostando a que tanto la presidenta de la República Claudia Sheinbaum como el Gobernador Víctor Castro Cosío y el alcalde Christian Agúndez hagan sus análisis desde un punto inminentemente jurídico, pues poner en riesgo el no respeto a la propiedad privada sería un pésimo mensaje hacia los inversionistas extranjeros justo ahora que Donald Trump ha puesto el mundo de cabeza.
En Los Cabos algunos sectores de la iniciativa privada también ha lanzado su exhorto de que todo se resuelva conforme a la Ley, por encima de gustos, poses políticas o aplausos fáciles.
Sería interesante preguntarle a Manuel Cota o a Lucía Trasviña que les parecería que su propiedad privada pudiera perderse por un reclamo de la vox populi.
Los empresarios de Los Cabos con los que he tenido oportunidad de tocar el tema, todos ellos coinciden que más que buscar confrontaciones internas, es tiempo de cerrar filas con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum en temas de aranceles, generación de empleos y cómo hacerle frente a las deportaciones de connacionales que se quiera o no, van a buscar instalarse en algún lugar del país buscando empleo.
En resumen, el tema controversial del camino costero de El Rincón que sólo son 3.9 kilómetros no los 94 que hay entre La Playa y Cabo Pulmo, deben tener una salida estrictamente apegada a la ley; hacer lo contrario, sería un mal mensaje en momentos en que México requiere de fortalecer su inversión extranjera y la generación de empleos que den bienestar a miles de mexicanos que hoy lo necesitan.
Por ello es aplaudible la forma en que respondió Sheinbaum Pardo, porque sabe entender el momento que enfrenta México y este caso en particular debe ser atendido y resuelto en el marco legal, para no dejar abierto ningún costo político o económico en la región y en el país.
