La justicia estadounidense ha dictado una histórica sentencia de 38 años contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México y alguna vez influyente zar antidrogas. En un proceso presidido por el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, se le encontró culpable de recibir sobornos millonarios y colaborar con el Cartel de Sinaloa. Además de la prisión, García Luna deberá pagar una multa de dos millones de dólares, convirtiéndose en el primer alto mando mexicano sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.
Durante la audiencia, García Luna negó los cargos y pidió al juez clemencia para regresar con su familia. Afirmó que los delitos de los que se le acusa están “motivados por intereses políticos”, y apeló a su legado como servidor público. Sin embargo, el juez fue firme y rechazó sus declaraciones, calificando a García Luna como un personaje tan temido como el propio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cogan argumentó que la sentencia era necesaria para castigar la “doble vida” del exsecretario, quien desde su posición pública facilitó las actividades del crimen organizado.
Saritha Komatireddy, la fiscal en jefe, subrayó que la condena de García Luna sienta un precedente importante contra la corrupción en las instituciones mexicanas. Según la Fiscalía, la red de protección ofrecida por el exfuncionario fue crucial para el Cartel de Sinaloa, sin la cual su dominio en el narcotráfico no habría sido posible. “García Luna ayudó, protegió y fue parte del cartel”, sostuvo Komatireddy, destacando la relevancia de este juicio a nivel internacional.
García Luna y su defensa, encabezada por César de Castro, anunciaron que apelarán la sentencia, argumentando que “veinte años ya eran suficientes” para un hombre que ha perdido todo. A su salida, el abogado enfrentó a manifestantes que coreaban “38 años no son suficientes” y lanzaban consignas contra el expresidente Felipe Calderón. Esta sentencia, además, reavivó las críticas contra el expresidente y su relación con su exsecretario de Seguridad.
La decisión de Cogan marca un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico transnacional. Al mismo tiempo, pone de relieve la presión que enfrenta el sistema judicial estadounidense para desmantelar las estructuras que facilitan el crimen organizado desde ambos lados de la frontera.
