El derecho a la información está tipificado en el Artículo 6to de la Constitución; la transparencia y protección de datos personal no pueden estar sujeto a intereses particulares.
n“Hacemos un llamado al pleno de la Cámara de Diputados para desechar la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador”: Rafael Lara, presidente de RAUDER.
La organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), pidió al pleno de la Cámara de Diputados desechar la propuesta de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar los organismos autónomos y de contrapeso, particularmente la correspondiente al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), pues representa un retroceso de más de dos décadas en materia de transparencia y, sobre todo, violatoria flagrante de los derechos humanos tipificados en la Carta Magna.
El presidente de la organización Rafael Lara, recordó que más allá de “caprichos” o “intereses políticos”, el acceso a la información es un derecho tipificado en el Artículo Sexto de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el cual, en diciembre de 2002, se creó el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y que a la postre se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El activista en favor de los derechos humanos afirmó que la conformación del órgano de transparencia fue resultado de décadas de lucha de diferentes sectores de la sociedad, como el caso de académicos, estudiantes, periodistas, profesionistas y partidos políticos, sobre todo de oposición al régimen que imperaba en aquel entonces pero que hoy en día son autoridad, por lo que resulta, enfatizó, una clara desfachatez política y falta de respeto a la civilidad.
“El acceso a la información no puede estar al deseo de un grupo político o, peor aún, al capricho de una sola persona; es un derecho constitucional que obliga los diferentes órdenes de gobierno y demás instituciones públicas, es decir, no sólo del ámbito federal, a entregar información fidedigna y satisfactoria a la sociedad, lo que permite contribuir a un buen funcionamiento del sector público, lo que no se lograría si las funciones del INAI se trasfieren a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues el gobierno no puede ser juez y parte, eso ya lo vivió México hasta el 2002 y fue parte clave para preservar el sistema político hegemónico que imperó en México por más de 70 años y que tanto daño le hizo al país”, argumentó el también Maestro en Derecho.
Y lo que sucede, es que el pasado cinco de febrero, en el marco del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de iniciativas constitucionales, en donde destacó la eliminación de los llamados órganos autónomos o reguladores, entre los que figuró el INAI, bajo el argumento de que sus funciones pueden ser aplicadas por la SFP y con ello generar un ahorro para las finanzas públicas.
Ante ello, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa y el pasado 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la extinción de siete organismos autónomos, entre los que figuró la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el INAI. Los legisladores que avalaron la iniciativa acordaron que las funciones de dichas instituciones pasarán a formar parte de dependencias del Ejecutivo Federal o al INEGI y los ahorros que se generen se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ante ello, la iniciativa pasó al pleno de la cámara baja para su aprobación.
Al respecto, Rafael Lara cuestionó los argumentos de los legisladores (principalmente del bloque oficial: MORENA, PT y Partido Verde), por los nulos beneficios sociales y económicos que se lograrán, pues tan sólo el presupuesto del INAI suma apenas mil 168 millones de pesos en este 2024 y representa únicamente el 0.01 por ciento del gasto federal, y, sobre todo, por la violación directa a una de las salvaguardas básicas de los mexicanos: El derecho a la información.
“Lejos de promover la eliminación del INAI, debemos fortalecer la institución, como otorgarle mayores dientes legales para obligar a las instituciones públicas a entregar información; recordemos casos como el Tren Maya o de otras administraciones federales pasadas, que reservaron cierta información por catalogarla de seguridad nacional; el tema de acceso a la información no es contra un régimen político o una persona, es un derecho constitucional lejos de administraciones federales, por ello debemos preservarlo”, afirmó.
El presidente de RAUDER enfatizó que la extinción del INAI ni siquiera responde a cuestiones de finanzas públicas, pues recordó que durante más de dos años el Senado de la República (cuya mayoría estuvo en manos del oficialismo), no designó alevosamente a dos consejeros del Pleno del INAI, una vez que los antecesores terminaron su ciclo, lo que dificultó la operatividad del instituto para sacar adelante las peticiones de información gubernamental.
Rafael Lara recordó que, por si no fuera suficiente argumento el tema de derecho a la información, el INAI también tiene funciones claves para el país como la protección a datos personales; promover la cultura de la transparencia en la gestión pública, así como vigilar que el gobierno rinda cuentas a la sociedad.
“La eventual extinción del INAI impactará al ciudadano de pie, no podrá solicitar la intervención de un tercero, como el INAI, para que el gobierno le entregue determinada información que necesite para un trámite personal, por ello es necesario que la ciudadanía dimensione las graves consecuencias de la iniciativa presidencial”, alertó el activista.
