- Serán los sectores público, social y privado quienes coadyuvarán con las autoridades administrativas del Estado, para que la producción, consumo de bienes y servicios se realicen cuidando el medio ambiente y los recursos naturales
Con el objetivo de que las personas, los sectores público, social y privado coadyuven con las autoridades administrativas del Estado, para que la producción y consumo de bienes y servicios se realicen cuidando el medio ambiente y los recursos naturales, bajo criterios de sustentabilidad y economía circular, en la forma y términos que dispongan las leyes, la diputada Blanca Belia Márquez Espinoza (PAN), presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Baja California Sur en materia de economía circular.
La legisladora detalló que la Economía Circular tiene el objetivo de lograr que los productos y subproductos mantengan su utilidad y valor, creando un círculo virtuoso de conservación y mejoramiento de los recursos naturales productivos, de manera que dichos recursos no se sobreexploten y se reduzcan significativamente las emisiones contaminantes al suelo, al agua y al aire; añadió que, “de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la economía circular podría reducir entre un 80% y un 99% los desechos industriales en algunos sectores, y entre un 79% y un 99% de sus emisiones”.
Márquez Espinoza, explicóque la economía circular no debe ser vistaúnicamente como una materia legislativa general, sino como una forma de desarrollo social y económico, razón por la cual propusoestablecer en la Constitución Política del Estado de Baja California Suren su artículo 13, que: Todas las personas y sectores productivos coadyuven con las autoridades administrativas del Estado para que los procesos de producción y consumo sean sustentables; en su fracción XLII del artículo 64, para que el Congreso del Estado tenga la facultad expresa de incorporar criterios de sustentabilidad y economía circular en las leyes de producción, consumo de bienes y servicios, y de prevención y gestión integral de residuos; y en el artículo 6, para que toda la actividad del Estado trabaje con criterios de respeto al medio ambiente, la reducción de la huella de carbono y de la huella hídrica, y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos.
