La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presionó durante meses para obtener la donación de un rancho valuado en más de 250 millones de pesos, confiscado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. A través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Sedena elaboró los documentos legales sin contar con la facultad para hacerlo, según documentos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. El objetivo era transformar el rancho en un Criadero Militar de Ganado y Centro Ecuestre del Ejército.
El rancho, ubicado en Valle de Bravo, fue confiscado por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2016, tras comprobar que fue adquirido por prestanombres de Duarte con recursos desviados del erario de Veracruz. La Sedena comenzó las gestiones para obtenerlo desde 2019, ejerciendo presión sobre el Gobierno de Veracruz y su Congreso para facilitar la donación. Sin embargo, la legalidad de estas acciones ha sido cuestionada, ya que la ley establece que solo el Congreso estatal puede autorizar la donación de bienes.
La opacidad en el proceso de adquisición es notable. Aunque se esperaba que los recursos obtenidos por la venta del rancho fueran destinados a reparar el daño causado por Duarte a los veracruzanos, la Sedena convirtió la propiedad en instalaciones militares de lujo, sin cumplir con los procedimientos legales adecuados. La organización México Unido Contra la Delincuencia ha señalado la irregularidad de las donaciones de bienes inmuebles a la Sedena y la falta de transparencia en este tipo de acciones.
A lo largo de 2020, la Sedena intercambió múltiples correspondencias con las autoridades veracruzanas, solicitando la regularización y entrega del rancho. Documentos revelan cómo presionaron a la Secretaría de Gobierno de Veracruz para que el Congreso estatal acelerara la donación de la propiedad, mientras la Sedena ya había tomado posesión del 66.66% del terreno. Este hecho se concretó oficialmente en mayo de 2021, pero la ocupación por parte del Ejército ocurrió mucho antes de recibir la autorización formal.
El rancho “El Eterno” pasó de ser un bien confiscado en un esquema de corrupción a formar parte del patrimonio de la Sedena sin que hubiera una compensación para el Gobierno de Veracruz. Aunque inicialmente se planeaba vender el predio para destinar los recursos a hospitales y obras públicas, la donación irregular al Ejército marcó un desenlace distinto. La falta de transparencia y el involucramiento de diversas autoridades federales y estatales en el proceso reflejan un caso más de la militarización de bienes públicos en México.
Finalmente, esta apropiación irregular del rancho por parte de la Sedena pone en evidencia el poder creciente de las Fuerzas Armadas en el manejo de recursos y bienes confiscados, lo que ha generado preocupación entre expertos legales y organizaciones civiles. La donación, firmada por el Congreso veracruzano, confirmó un proceso que, según críticos, estuvo plagado de irregularidades desde su inicio.
