Ciudad de México.– El Gobierno federal presentó una iniciativa de reforma electoral que propone una reducción del 25 por ciento al presupuesto destinado a organismos electorales y partidos políticos, así como la eliminación de los 32 senadores de representación proporcional, con lo que la Cámara Alta pasaría de 128 a 96 integrantes.
El proyecto, que será enviado al Congreso el próximo lunes, fue dado a conocer durante la conferencia presidencial, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la propuesta contempla una reestructuración del Poder Legislativo y modificaciones al modelo de organización electoral en el país.
En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendrían los 500 legisladores, pero con un nuevo esquema de asignación de plurinominales: 97 espacios serían para los candidatos perdedores con mayor votación, 95 por votación directa en circunscripción y partido político, y ocho para mexicanos residentes en el extranjero.
Entre los cambios más relevantes destaca la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el cual sería sustituido por un sistema de cómputo directo. Asimismo, se reduciría el tiempo oficial en radio y televisión para campañas, pasando de 48 a 35 minutos.
La iniciativa también propone fortalecer la fiscalización de los recursos partidistas. El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría acceso en tiempo real a las operaciones financieras de partidos y candidatos, además de que se prohibirían las aportaciones en efectivo, obligando a que todos los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, el costo de las elecciones de 2024 ascendió a 61 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil millones correspondieron a organismos y partidos a nivel nacional y 25 mil millones a institutos locales. Con la reforma, se busca reducir ese gasto y racionalizar el uso de recursos públicos.
La propuesta también incluye la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, la prohibición de bots en redes sociales y el etiquetado obligatorio de contenidos generados con herramientas digitales, con el fin de evitar la desinformación.
Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la democracia participativa, mediante la inclusión obligatoria en las legislaciones locales de mecanismos como el referendo, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato.
Además, la reforma reafirma la prohibición del nepotismo en cargos públicos y la eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030, subrayando que los puestos de elección popular no podrán ser heredados entre familiares directos.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo federal asegura que busca fortalecer la legitimidad democrática, optimizar el gasto público y ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
