- Valiéndose de su calidad de empleados de las Sociedades Mercantiles dispusieron en provecho propio de más de 17 millones de pesos y 804 mil dólares
Luego de la solicitud y obtención de 6 órdenes de aprehensión cumplimentadas el 19 y 20 de junio en contra de los probables responsables de los delitos de fraude agravado y abuso de confianza específico, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el lunes 24 logró que un Juez de control los vinculara a proceso e impusiera medidas cautelares.
En la audiencia inicial por orden de aprehensión que se realizó el lunes 24 de junio del año en curso en el Centro de Justicia Penal de Cabo San Lucas, Antonio N, Miriam N, Rubén N, Fernando N, Roberto N y José N quedaron vinculados a proceso por su probable relación en los delitos descritos.
De acuerdo a las Sociedades Mercantiles ofendidas, los imputados, valiéndose de su calidad de empleados, y de la confianza que les tenían los socios mayoritarios, realizaron a título personal 63 contratos de moneda nacional y extranjera por el servicio de hospedaje en la modalidad conocida como “Tiempo compartido”, y dispusieron en provecho propio, del producto de la venta mediante el engaño a 22 personas físicas, con quienes celebraron 27 contratos en dólares americanos y a 33 personas físicas, con 36 Contratos en moneda nacional, ocasionando con su actuar un perjuicio patrimonial a las Sociedades Mercantiles 17 millones 808 mil 218 pesos y
804 mil 874 dólares.
Tras recibir la denuncia de los hechos, el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto inició con las indagatorias para encontrar elementos de prueba sobre la relación de los imputados con los ilícitos.
Ante lo expuesto por la representación social en la audiencia en mención, un Juez de Control resolvió iniciar un proceso penal en contra de Antonio N, Miriam N, Rubén N, Fernando N, Roberto N y José N, por los delitos de fraude agravado y abuso de confianza específico, por lo que quedaron vinculados a proceso con las medidas cautelares que les obligan a la presentación periódica ante el juez, les prohíben concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; así como convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos
Al Representante Social le otorgó 6 meses para la investigación complementaria.
Con estas acciones la PGJE demuestra en los hechos que realiza acciones científicas y jurídicas para dar certeza jurídica a víctimas y ofendidos por algún ilícito.
