Los Cabos.-El Secretario General del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, se pronunció respecto al resolutivo emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, que determinó la inhabilitación por 20 años de tres exfuncionarios del Ayuntamiento correspondiente al periodo 2015-2018, encabezado por el panista Arturo de la Rosa Escalante, tras acreditarse su responsabilidad en faltas administrativas graves vinculadas al desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
En entrevista, Rentería Santana informó que el alcalde ha solicitado a los integrantes del gabinete actuar con mesura y prudencia ante este tipo de resoluciones.
“El alcalde nos ha pedido ser muy mesurados, muy conservadores, que estos temas no los agarremos como bandera. Sin embargo, también nos ha insistido en presentar todas y cada una de las denuncias correspondientes ante la Contraloría y, en su caso, también denuncias penales”, señaló.
El funcionario explicó que este caso en particular se encontraba detenido desde hace varios años, y que la actual administración ha dado seguimiento para no dejar pendientes legales.
“Lo que sucedió es que muchos asuntos estaban pausados, y en esta administración el alcalde nos pidió que no quede ningún tema sin atender. No tenemos vela en el entierro, pero sí la responsabilidad de cumplir la ley y proporcionar toda la documentación necesaria para que estos juicios caminen”, enfatizó.
Rentería Santana añadió que el asunto está relacionado con exfuncionarios involucrados en temas de laudos laborales, situación que ha representado un reto constante para el municipio.
“Hay una cuestión legal en la que no me puedo pronunciar; preferiría que para los detalles acudieran con el contralor y la sindicatura, que son los responsables directos de este tema”, puntualizó.
En relación con los laudos, destacó que la actual administración ha implementado una mesa jurídica encabezada por la Secretaría General, con participación de los equipos legales de todas las dependencias, para atender y defender los intereses del Ayuntamiento.
“Cada demanda laboral se ha atendido al pie de la letra. Hemos dado la batalla jurídica incluso en los casos que nos heredaron administraciones anteriores. Tan solo en laudos, se han tenido que cubrir alrededor de 54 millones de pesos correspondientes a periodos pasados, recursos que no estaban contemplados, pero que deben cumplirse para evitar el riesgo de embargos o afectaciones a las cuentas municipales”, concluyó.
