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Funcionarios de la PGJE son capacitados en el Protocola Minnesota de la ONU

Proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada es el objetivo del Protocolo de Minnesota materia en la que fueron capacitados recientemente agente de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California Sur.

El Protocolo de Minnesota es una guía desarrollada por las Naciones Unidas para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas, causadas por el Estado o en custodia estatal, informó Bernardo Soriano Castro, director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.

La capacitación fue dictada por Leticia Guerra Báez, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Puebla, quien recibió reconocimiento al concluir el curso, es para asegurar que los investigadores profesionales que trabajan con víctimas, cuenten con habilidades para la comprensión de dicho Protocolo, explicó el servidor público.

Mediante la capacitación con duración de 40 horas, se actualizaron conocimientos sobre las obligaciones jurídicas de los Estados y las normas y directrices comunes relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

Así mismo, se destacó la obligación de toda persona partícipe en una investigación, de observar las normas de ética profesional más estrictas y se describieron las buenas prácticas aplicables a las y los investigadores, a la policía, los médicos, juristas y los miembros de mecanismos y procedimientos de indagación.

El director del IICP felicitó a las y los participantes, por su interés para actualizarse y aseveró que, con la capacitación en este Protocolo, se promueven investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales, para asegurar que las muertes bajo el ámbito de la responsabilidad estatal, sean investigadas de forma efectiva, para identificar a responsables y la atribución de culpas y sanciones en casos de muertes ilegales. 

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