El alcalde Christian Agúndez Gómez advirtió que es el Gobierno estatal, no el Ayuntamiento de Los Cabos, el que tiene la facultad -mediante decreto del Gobierno federal- declarar en uso o en desuso el camino costero de Cabo del Este, por lo que consideró que involucrar al Gobierno municipal en esa controversia podría tener una cuestión política.
Agúndez Gómez, después de tener una reunión con integrantes del Consejo Coordinador de Los Cabos, para analizar las obras y acciones que se van a realizar en el mediano y corto plazo, recordó que fue la Junta Estatal de Caminos -dependiente del Gobierno estatal- la que declaró en desuso el camino costero en 2017, ahora que hay una controversia con esas mismas facultades lo puede declarar en uso y el asunto se da por terminado, dijo el munícipe.
En ese sentido Christian Agúndez no descartó que echarle esa responsabilidad al Ayuntamiento de Los Cabos podría tener un trasfondo político, porque su Gobierno no tiene facultades para declarar en uso o en desuso el camino costero que tiene confrontados a un sector de ciudadanos y desarrolladores turísticos que fueron compradores de buena fe de los predios costeros en el camino de Cabo del este.
El presidente municipal enfatizó que mediante decreto del Gobierno Federal de 1988 y 1996 se otorgó al Gobierno estatal la responsabilidad para el uso, mantenimiento y alimentación de los caminos vecinales, caminos estatales, caminos rurales y/o caminos costeros.
Ello dio oportunidad a la creación de la Junta Estatal de Caminos mediante decreto 653 aprobados por el Congreso de Baja California Sur el 11 de diciembre de 1987 y publicado el 20 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Por ello hizo un extrañamiento a la autoridad estatal por querer involucrar al Ayuntamiento en el uso o desuso del camino costero cuando la Ley facultad al Gobierno estatal, no a los ayuntamientos de Baja California Sur, incluyendo al de Los Cabos.
Sobre las acciones que este miércoles realizó el Gobernador Víctor Castro Cosío, de recorrer los caminos costeros y advertir que no va a aprobar el desuso del mismo en el Plan de Desarrollo Urbano 2040, Agúndez Gómez dijo que su gobierno será respetuoso de la Ley, porque uno de los primeros compromisos que todo gobierno asume es “cumplir y hacer cumplir la Ley”.
En la entrevista colectiva el mandatario cabeño dijo que desde hace dos meses enviaron el documento del PDU al Gobierno de Baja California Sur para que resolvieran el dictamen de congruencia, es la fecha que no han tenido respuesta ya sea en sentido positivo o negativo.
La dilación en la aprobación del PDU ocasiona daños colaterales en Los Cabos, uno de ellos es el programa nacional de vivienda de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, pues se requiere hacer una serie de cambios en los usos de suelo en los predios donde se pretender edificar más de 17 mil hogares para familias locales.
