En la madrugada del 15 de septiembre, el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa Unión, Mazatlán, se convirtió en escenario de un acto de extrema violencia. Un comando armado irrumpió en el área de urgencias, exigiendo que el personal médico asistiera a varios heridos por arma de fuego, generando un ambiente de terror y coacción. La denuncia, que ha sido difundida por la prensa local, detalla cómo los médicos y enfermeros fueron sometidos a una serie de agresiones físicas y verbales.
El comunicado emitido por el personal del IMSS revela la gravedad de la situación, destacando que el grupo armado no solo amenazó a los trabajadores de la salud con frases como “Si mueren ellos, mueren ustedes”, sino que también generó un estado de pánico generalizado. Los agresores forzaron a los empleados a trasladar a los heridos en una ambulancia a otro hospital en Mazatlán, dado que en la clínica de Villa Unión no contaban con el equipo necesario para tratar adecuadamente las lesiones.
El personal del hospital, en su comunicado, enfatizó que, a pesar de haber proporcionado la atención médica necesaria, las condiciones de trabajo se vieron drásticamente comprometidas. Aseguraron que los heridos fueron estabilizados en el IMSS antes de ser trasladados, pero la falta de recursos limitó la capacidad de ofrecer una atención completa. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre estos hechos, y se desconoce el destino final de los heridos y la identidad de los sicarios.
El comunicado también subraya el temor constante que sienten los trabajadores del hospital debido al ambiente de inseguridad en el estado. Los empleados hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar su seguridad, señalando que el entorno hostil está afectando gravemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Expresaron la necesidad de medidas de protección por parte del IMSS o del gobierno para poder continuar con su labor sin temor a represalias.
En el cierre de la carta, los trabajadores advirtieron que, si no se recibe una respuesta adecuada de las autoridades, podrían verse obligados a abandonar sus puestos para proteger su integridad. “Cada uno de los trabajadores tiene una familia que espera en casa, y el daño moral que sufrimos es considerable”, afirmaron, reflejando la profunda preocupación por su seguridad personal y la de sus seres queridos.
Desde el 9 de septiembre, cuando estallaron las hostilidades en Culiacán y sus alrededores, se han reportado al menos 38 homicidios vinculados a las disputas entre células del Cártel de Sinaloa. Esta cifra incluye a civiles armados, militares y ciudadanos que, en muchos casos, no estaban involucrados en el conflicto. La violencia continua y la falta de respuestas efectivas de las autoridades han intensificado la crisis en la región.
