San José del Cabo.- El contralor municipal de Los Cabos, Alejandro Fernández Briseño, informó que la dependencia a su cargo ha recibido más de 150 quejas, denuncias y sugerencias, de las cuales 41 se encuentran actualmente en etapa de investigación, tres ya fueron turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa y dos no procedieron por falta de elementos.
Durante su participación como invitado del Grupo Madrugadores de Los Cabos, el funcionario explicó que no todas las solicitudes recibidas corresponden a denuncias contra servidores públicos, ya que muchas son peticiones ciudadanas relacionadas con servicios públicos, como limpieza o pavimentación, mismas que son canalizadas a las áreas correspondientes.
Fernández Briseño destacó que, a su llegada a la administración municipal, se dio cumplimiento a un resolutivo de sentencia que permitió recuperar 5.7 millones de pesos para el Ayuntamiento, además de lograr la inhabilitación de tres exfuncionarios y un particular por 20 años, lo cual —dijo— no se había conseguido anteriormente debido al rezago en materia de supervisión y a la reciente aplicación de la nueva ley.
Precisó que 22 denuncias derivan de observaciones del proceso de entrega-recepción, lo que ha resultado hasta el momento en la inhabilitación de cinco exservidores públicos, dos por un año y tres por 20 años, además de la citada indemnización económica.
El contralor explicó que las faltas administrativas se clasifican en graves y no graves. Las no graves pueden ser sancionadas directamente por el órgano interno de control, con suspensiones o inhabilitaciones de hasta un año. En el caso de las faltas graves, estas deben ser turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que determina sanciones que pueden ir de uno hasta 20 años de inhabilitación, además de reparaciones del daño e indemnizaciones.
Entre los casos relevantes, mencionó el de la adquisición de maquinaria Wido, relacionada con el Fideicomiso de Saneamiento Ambiental, en el que el proveedor no entregó el equipo pese a haberse realizado el pago. El caso ya se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa y podría derivar en sanciones administrativas o penales, incluida la inhabilitación del proveedor para contratar en todo el país, de confirmarse una falta grave.
Asimismo, informó que la Contraloría ha presentado denuncias penales en casos que así lo ameritan, aunque aclaró que su participación se limita a la presentación de las denuncias, ya que el seguimiento corresponde a la Fiscalía Anticorrupción y a la sindicatura municipal como representante legal del Ayuntamiento.
Respecto a los cuestionamientos sobre el enfoque en irregularidades de administraciones pasadas, tal y como lo planteara el madrugador Jesús Aragón, Fernández Briseño subrayó que la Contraloría también trabaja de manera preventiva en la actual administración, brindando asesoría a directores y funcionarios para evitar irregularidades, especialmente en procesos administrativos y licitaciones.
Indicó que existen investigaciones en curso contra servidores públicos de la administración actual, aunque no pueden darse a conocer detalles por la secrecía del proceso hasta que se emitan resoluciones firmes.
Finalmente, aseguró que el alcalde Christian Agúndez Gómez ha otorgado plena autonomía a la Contraloría para ejercer sus funciones, sin restricciones, y reiteró que se mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, tanto para sancionar irregularidades del pasado como para prevenirlas en el presente.
