¿Amor, coincidencia o estrategia electoral? Casarse cuando se aproxima una candidatura parece una costumbre entre algunos políticos sudcalifornianos.
En política hay coincidencias que llaman poderosamente la atención. Una de ellas es la de aquellos políticos que, cuando están por disputar una alcaldía, gubernatura o incluso la Presidencia de la República, deciden contraer matrimonio.
¿Quién los obliga? ¿Es requisito estar casado para gobernar? ¿O será que el matrimonio también forma parte de la mercadotecnia electoral?
En Baja California Sur sobran ejemplos.
En 2005, cuando Luis Armando Díaz se perfilaba como candidato del PRD-PT-Convergencia a la alcaldía de Los Cabos, contrajo matrimonio con María Tornero.
En 2008, René Núñez Cosío hizo lo propio con Carolina Castro Corazón, cuando se encaminaba hacia la candidatura a presidente municipal.
En 2024, Gabriela Montoya contrajo nupcias con Jonathan Vargas, mientras disputaba la candidatura de las izquierdas a la alcaldía cabeña.
Y ahora, rumbo a las elecciones de 2027, Manuel Cota Cárdenas, coordinador estatal de la Cuarta Transformación y uno de los principales prospectos de Morena a la gubernatura, también decidió llegar al altar.
El fenómeno alcanzó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en noviembre de 2023 contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba, después de años de haberse divorciado de Carlos Imaz, político vinculado a los escándalos de Carlos Ahumada.
¿Simple coincidencia que estos matrimonios ocurran en momentos decisivos de sus carreras políticas?
La respuesta legal es contundente: ninguna ley mexicana exige estar casado para ser presidente, gobernador o alcalde. Un soltero, divorciado o viudo puede gobernar sin impedimento alguno por su estado civil.
Entonces, ¿por qué lo hacen?
La respuesta podría encontrarse en la imagen pública. Históricamente, la política mexicana ha utilizado a la familia como símbolo de estabilidad, responsabilidad y valores. Un candidato acompañado de su pareja puede proyectar cercanía y confianza ante determinados sectores del electorado.
Pero una cosa es la estrategia de imagen y otra afirmar, sin pruebas, que alguien se casa por conveniencia electoral.
Lo cierto es que el matrimonio no garantiza honestidad, capacidad ni buenos gobiernos. Tampoco una esposa o un esposo convierten automáticamente a un aspirante en mejor candidato.
En Baja California Sur, donde la sucesión gubernamental de 2027 comienza a tomar forma, vale preguntarse si algunos políticos siguen creyendo que para conquistar al electorado primero deben pasar por el Registro Civil.
Porque para gobernar no se necesita acta de matrimonio, sino capacidad, legitimidad y resultados.
Al final, los ciudadanos no eligen parejas ni familias: eligen gobernantes.
Y una cosa debe quedar clara: el matrimonio puede llevar al altar, pero solamente los votos deben llevar al poder.
