Cabo San Lucas.- Representantes de los sectores náutico, pesquero y turístico de Cabo San Lucas rechazaron las nuevas tarifas anunciadas por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), que entrarán en vigor el próximo 28 de octubre y que, aseguran, contemplan incrementos de entre 200 y 500 por ciento en distintos servicios de la marina.
Durante una reunión con el Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, empresarios, pescadores de carnada viva, prestadores de servicios náuticos y cooperativistas denunciaron que los nuevos cobros fueron establecidos sin una consulta efectiva con los sectores afectados y exigieron transparentar el estudio de mercado que, según les han informado, sustenta el nuevo tabulador.
José Manuel Ochoa, representante de la Asociación de Empresarios de Turismo Náutico de Cabo San Lucas, sostuvo que la inconformidad no se limita al aumento de las tarifas, sino que responde a años de abandono de las instalaciones portuarias, falta de mantenimiento y ausencia de soluciones a las necesidades de quienes trabajan diariamente en la marina.
Explicó que, durante años, los prestadores de servicios han enfrentado deficiencias en la infraestructura y gastos adicionales para desarrollar sus actividades, por lo que consideró desproporcionado que ahora se pretenda imponer un incremento de hasta 500 por ciento sin un proceso de socialización con los usuarios.
Advirtió que la medida podría repercutir en toda la cadena económica vinculada con la actividad marítima, incluidos restaurantes, bares, comercios de artesanías, joyerías y empresas turísticas. También expresó preocupación por el incremento de los cobros relacionados con los cruceros, debido a que, afirmó, las navieras son sensibles a los aumentos de costos y podrían modificar sus operaciones.
Ochoa agregó que existen otros cargos que también generan inconformidad, como el cobro adicional por el atraque de embarcaciones durante el suministro de combustible, que, según su testimonio, puede representar un incremento de 20 por ciento sobre el costo de la operación.
Carnaderos advierten riesgo de desaparecer
Por su parte, Janett Ordaz Araiza, representante de la Unión de Carnaderos Cabeza de Ballena, organización con más de 45 años dedicada a la captura y suministro de carnada viva, alertó que las nuevas tarifas podrían poner en riesgo la permanencia de uno de los sectores más vulnerables de la actividad pesquera local.
Explicó que los pescadores de carnada enfrentan altos costos de combustible, insumos y mantenimiento, además de las dificultades derivadas de los cambios en las corrientes marinas y las temporadas de baja afluencia turística. En ese contexto, señaló que exigirles pagos de hasta 15 mil pesos mensuales resulta prácticamente insostenible para quienes dependen de ingresos variables y trabajan al día.
Ordaz Araiza denunció también las malas condiciones del muelle 1, donde opera buena parte de este sector. Aseguró que los propios trabajadores han tenido que cooperar para reparar infraestructura, incluida una rampa utilizada para el acceso de turistas y embarcaciones, mientras persisten problemas de vigilancia, robos y falta de servicios sanitarios adecuados.
Subrayó que los carnaderos son indispensables para la pesca deportiva, pues suministran la carnada que permite capturar especies de gran valor turístico y participar en torneos internacionales. Por ello, advirtió que su desaparición afectaría no solamente a sus familias, sino también a las empresas de pesca deportiva y al atractivo turístico de Los Cabos.
Exigen transparencia y revisión legal: J. Liceaga
Jaqueline Liceaga, representante de embarcaciones de turismo náutico, señaló que la principal inconformidad es la falta de transparencia en la elaboración y aplicación del nuevo tabulador.
Indicó que la legislación portuaria establece procedimientos para la aprobación de tarifas y que los sectores involucrados deben contar con información clara sobre los criterios utilizados para determinar los montos. Por ello, cuestionó quién realizó el estudio de mercado, bajo qué procedimiento fue contratado y dónde pueden consultarse sus resultados.
Liceaga informó que representantes del sector han elaborado y presentado escritos de inconformidad e impugnaciones ante la Asipona para solicitar información y cuestionar la aplicación de las tarifas. Aclaró que su postura no debe interpretarse simplemente como una negativa a pagar, sino como una exigencia de que los cobros se sustenten legalmente y se expliquen de manera transparente.
Entre los ejemplos expuestos mencionó el cobro de 250 pesos por utilizar la rampa de botado de embarcaciones, un gasto que podría acumularse diariamente para trabajadores que no cuentan con un espacio fijo de atraque.
La representante pidió que las autoridades portuarias entreguen respuestas por escrito y que cualquier decisión sobre la aplicación de las tarifas se formalice mediante los procedimientos correspondientes, en lugar de depender de acuerdos verbales o de cambios administrativos.
Cooperativas también rechazan los incrementos
Carlos Rosales, en representación de la Asociación de Cooperativas Unidas Mar Azul, afirmó que las tarifas afectan al conjunto de las actividades marítimas, turísticas y pesqueras del puerto, y sostuvo que no fueron consensuadas con las organizaciones que operan en Cabo San Lucas.
Consideró necesario que las autoridades federales, la Secretaría de Marina y la propia Asipona convoquen a una mesa de trabajo con los sectores involucrados para revisar los montos y alcanzar acuerdos que no comprometan la viabilidad económica de los prestadores de servicios.
Rosales manifestó que su organización no acepta los cobros en los términos anunciados y respaldó la solicitud de una revisión integral que permita establecer tarifas proporcionales a las condiciones reales de cada actividad.
Señalan ingresos millonarios y falta de inversión
Jesús Flores, coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, señaló que la problemática podría afectar a alrededor de mil 400 personas vinculadas con las actividades portuarias.
Durante el encuentro, expuso que, de acuerdo con la información referida por el grupo, la Asipona registró ingresos superiores a 200 millones de pesos durante 2025, mientras que el monto ejercido para atender los problemas de la marina habría sido de cero pesos, situación que consideró necesario aclarar y transparentar.
Flores también cuestionó el incremento del cobro por pasajero, que, según lo expuesto en la reunión, pasaría de 38 a 80 pesos, y llamó a revisar el impacto económico de esta medida en la operación turística del puerto.
El coordinador sostuvo que el objetivo del encuentro fue dar visibilidad a las demandas de pescadores, empresarios y trabajadores, además de respaldar la intervención de legisladores federales que han comenzado a abordar el asunto.
Los inconformes advirtieron que las negociaciones individuales sobre tarifas, sin criterios públicos y reglas claras, podrían generar incertidumbre y abrir espacios a decisiones discrecionales. Por ello, pidieron la participación de autoridades de alto nivel de la Secretaría de Marina y de la Asipona para establecer una solución institucional.
Los representantes coincidieron en que el dinero generado por la actividad portuaria debe traducirse en mejores instalaciones, seguridad, mantenimiento y servicios para quienes sostienen la economía marítima de Cabo San Lucas.
Ante la proximidad del 28 de octubre, exigieron revisar los incrementos, transparentar los estudios que los respaldan y establecer una mesa formal de diálogo que permita evitar afectaciones a la pesca, al turismo náutico y a la economía local.
