Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la doble nacionalidad para quienes busquen contender por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma, aprobada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado, así como por 22 congresos estatales, será publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El cambio constitucional establece que las personas que aspiren a alguno de estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de registrar su candidatura. La disposición comenzará a aplicarse para los procesos electorales correspondientes a partir de 2028.
Procedimiento quedará establecido en leyes secundarias
Uno de los aspectos que aún deberá definirse es el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad deberá acreditar su renuncia a la otra ciudadanía para poder registrarse como candidata o candidato.
De acuerdo con la información difundida sobre la reforma, este proceso no se limitaría a los trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sino que podría involucrar también a otras autoridades mexicanas y a las instituciones correspondientes del país donde se tenga la segunda nacionalidad.
Los detalles deberán quedar establecidos en las leyes secundarias y deberán cumplirse antes del registro de las candidaturas ante las autoridades electorales.
Reforma modifica artículos constitucionales
La modificación aprobada contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La medida no implica, de acuerdo con los reportes sobre la reforma, que las personas mexicanas con doble nacionalidad deban renunciar a ella de manera general. La restricción está dirigida específicamente a quienes pretendan competir por los cargos contemplados en la modificación constitucional.
Con la firma de la presidenta, el decreto entra en la etapa de publicación oficial, mientras el Congreso deberá avanzar en las disposiciones secundarias que determinarán los mecanismos y requisitos para acreditar el cumplimiento de la nueva norma.
