San José del Cabo.- Ante el inicio de septiembre, considerado uno de los periodos de mayor actividad ciclónica en el Pacífico mexicano, el Ayuntamiento de Los Cabos reforzó las acciones para frenar nuevas invasiones de terrenos y acelerar la reubicación de alrededor de 800 familias asentadas en una zona de riesgo en Puerto Nuevo.
El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, informó que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con Seguridad Pública, el Ejido San José y la Procuraduría General de Justicia del Estado para prevenir nuevas ocupaciones irregulares y atender los conflictos jurídicos derivados de invasiones.
Explicó que hace aproximadamente un mes fueron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, durante un operativo relacionado con un intento de ocupación irregular de terrenos. Posteriormente, la Procuraduría abrió las carpetas de investigación correspondientes y los detenidos quedaron vinculados a proceso.
A partir de dichas acciones, afirmó, no se han registrado nuevos intentos de invasión en la zona.
Rentería Santana sostuvo que el Ayuntamiento busca dejar claro que no se permitirá la ocupación irregular de predios ni prácticas que posteriormente deriven en problemas de servicios públicos, seguridad y protección civil.
Señaló que la estrategia municipal es actuar de manera preventiva antes de que los conflictos escalen, mediante procedimientos apegados a la ley y con respeto a los derechos humanos.
Riesgo por lluvias intensas
El funcionario advirtió que la situación adquiere mayor relevancia con el avance de la temporada de huracanes y ciclones tropicales, debido a que las lluvias extraordinarias pueden elevar rápidamente los niveles de los arroyos y convertir los asentamientos ubicados cerca de cauces en zonas de alta peligrosidad.
Entre los puntos que mantienen bajo vigilancia se encuentran terrenos ejidales próximos al aeropuerto y el área comprendida entre Puerto Nuevo y el CETMAR, donde las autoridades buscan evitar nuevas ocupaciones y atender las condiciones de vulnerabilidad existentes.
En el caso de Puerto Nuevo, detalló, alrededor de 800 familias permanecen asentadas en condiciones de riesgo, algunas de ellas en las inmediaciones de cauces de arroyo.
Ante esta situación, el Ayuntamiento intensificó las gestiones para concretar su reubicación y evitar que una eventual lluvia intensa coloque a las familias en una situación de emergencia.
Analizan reubicación en La Ballena
Rentería Santana informó que recientemente sostuvo una reunión con habitantes del asentamiento y que esta semana regresarán a la zona para continuar con el diálogo y buscar una alternativa que permita avanzar en la reubicación.
Con la disposición del Ejido San José, explicó, se analiza la posibilidad de ofrecer terrenos ubicados en la etapa 2 de La Ballena, en San José del Cabo, donde se busca garantizar la tenencia de la tierra y que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad, con la participación del Ayuntamiento y el Cabildo.
“No estaríamos de acuerdo en moverlos de un lado de riesgo para ponerlos en otro”, sostuvo el secretario general.
Reconoció que algunas familias han mostrado resistencia a abandonar el asentamiento, pese a las advertencias de las autoridades sobre las condiciones de vulnerabilidad que prevalecen en el lugar.
De acuerdo con el funcionario, el Ejido San José cuenta con alrededor de 4 mil lotes disponibles, lo que permitiría explorar una solución para las familias que actualmente ocupan terrenos en zonas consideradas de riesgo.
Finalmente, Rentería Santana aclaró que el Ayuntamiento no interviene directamente en determinados procedimientos legales relacionados con predios de propiedad privada, aunque existen denuncias por despojo y procesos jurídicos que podrían derivar en órdenes de desalojo.
El funcionario insistió en que la prioridad es evitar que las familias permanezcan expuestas a posibles inundaciones y corrientes súbitas, al tiempo que se combate la expansión de asentamientos irregulares en zonas donde posteriormente resulta complejo garantizar servicios públicos, seguridad y protección civil.
