- La iniciativa de la Dip. Dalia Collins busca robustecer la legislación actual en BCS, en materia de “Empleo a Personas con Discapacidad”
Con la finalidad de que los ayuntamientos, poderes del Estado y las micro y pequeñas empresas privadas dedicadas al sector industrial, comercial y de servicios, contraten progresivamente a personas con alguna discapacidad hasta alcanzar cuando menos un 3% en su plantilla laboral para enero 2030, la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona un artículo transitorio a la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur.
En la exposición de motivos, la legisladora detalló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México hay al menos 8.8 millones de personas con discapacidad, de quienes están en los rangos de edad para trabajar, solo 40.6% participa en alguna actividad económica, muy por debajo del 68% de la población general. Determinando que 6 de cada 10 personas con discapacidad no tienen un empleo.
Ahí mismo añadió que, de acuerdo con el INEGI, en su apartado de los Censos Económicos 2024, arrojó que, dentro de los estados con más empresas incluyentes hacia dicho sector de la población, Baja California Sur se ubica en el segundo lugar nacional con mayor número de empresas incluyentes (10.9%), es decir, que alrededor del 40% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen un trabajo, frente al 60% de la población general. En Baja California Sur, más de 700 patrones y unidades económicas en la entidad emplean formalmente a más de 900 personas con discapacidad, impulsadas por ferias de inclusión y eventos locales de vinculación como el Empleotón.
No obstante, Collins Mendoza manifestó que, pese a ello y a las disposiciones en la legislación actual, las cuales datan desde 2014, es insuficiente si no van acompañadas de un artículo transitorio donde se establezca un plazo para el cumplimiento de este ordenamiento, por lo que requirió que también desde el propio Gobierno del Estado de Baja California Sur y ayuntamientos cumplan con la fecha establecida. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad.
