Los procesos internos de la Cuarta Transformación para definir a quienes coordinarán los trabajos políticos rumbo a las elecciones de 2027 comienzan a revelar algo más que simples reglas de organización: exhiben la compleja relación entre Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En las 17 entidades donde el próximo año se renovarán gubernaturas, congresos locales, alcaldías y diputaciones federales, las señales apuntan a que la decisión final podría recaer en una encuesta de carácter aliancista, en la que participen los perfiles mejor posicionados de cada una de las fuerzas que integran la coalición. De ser así, cobraría sentido una situación que en los últimos días ha generado inquietud entre las bases.
Morena ha comenzado a reunirse exclusivamente con sus propios militantes y aspirantes. No han sido convocados los cuadros del PT ni del PVEM. Para algunos, esta decisión alimenta versiones de ruptura; para otros, responde simplemente a una lógica partidista. Morena fija las reglas de su proceso interno, llama a la unidad entre los suyos, establece lineamientos para evitar campañas negras y busca mantener el control de su vida interna. Nada más, pero tampoco nada menos.
Bajo esa misma lógica, corresponderá ahora al PT y al PVEM realizar sus propios procesos internos, dialogar con sus aspirantes y definir quiénes llegarán fortalecidos a la etapa decisiva. Si el calendario se mantiene, hacia finales de agosto podría realizarse la encuesta definitiva que determine quién encabezará la coordinación política de la Cuarta Transformación en cada estado.
Sin embargo, el verdadero desafío no está en la organización de las reuniones ni en el diseño metodológico de las encuestas. El reto será político.
En varias entidades, los perfiles que algunos sectores de Morena impulsan no necesariamente aparecen como los mejor evaluados por la ciudadanía. En algunos casos, incluso ocupan el segundo o tercer lugar en las mediciones conocidas. Si esa tendencia se mantiene, la dirigencia nacional enfrentará una decisión delicada: privilegiar la competitividad electoral o apostar por decisiones construidas desde las estructuras partidistas.
Ahí es donde la alianza podría ponerse a prueba.
El riesgo de recurrir a candidaturas percibidas como imposiciones o al tradicional “dedazo” podría tensar la relación con sus aliados y dificultar la construcción de una alianza total en las 17 entidades. La fortaleza electoral de la coalición dependerá, precisamente, de su capacidad para procesar diferencias internas y convertir las encuestas en un mecanismo de legitimidad y no de confrontación.
La situación adquiere especial relevancia en estados donde los aspirantes de los partidos aliados aparecen con una posición competitiva frente al electorado. En esos casos, cerrarles el paso podría representar un costo político considerable, especialmente si cuentan con posibilidades de construir alianzas amplias o atraer apoyos más allá de sus propios institutos políticos.
Baja California Sur es uno de los casos que más atención despierta. Diversas mediciones difundidas públicamente han colocado al petista Christian Agúndez entre los perfiles con mayor nivel de conocimiento y preferencia rumbo a la definición de la candidatura aliancista. Si esa tendencia se confirma en la encuesta final, difícilmente podrá ignorarse sin generar cuestionamientos dentro de la propia coalición.
La cuenta regresiva ya comenzó. Agosto será un mes de definiciones, pero también de negociaciones. La cohesión de la Cuarta Transformación dependerá menos de los discursos de unidad y más de la disposición de sus partidos para respetar la competitividad de sus mejores perfiles.
Porque, al final, las alianzas se fortalecen cuando las decisiones convencen a todos; cuando no ocurre así, el riesgo de las fracturas siempre aparece en el horizonte.
Y en política, como suele decirse, el tiempo termina poniendo a cada quien en su lugar.
