Hay una realidad que ya no puede ocultarse detrás de las cifras optimistas ni de los discursos oficiales: cada temporada baja golpea con mayor fuerza a Los Cabos. Hoteles con menor ocupación, restaurantes vacíos, comercios vendiendo menos y una cadena de consecuencias que siempre termina afectando al mismo eslabón: el trabajador.
Quien paga la factura no es el gran inversionista ni el empresario con mayor capacidad financiera. Son los camaristas, cocineros, meseros, jardineros, recepcionistas, choferes y personal de mantenimiento quienes enfrentan despidos, descansos forzados o liquidaciones que, en muchos casos, no corresponden a lo que establece la ley. Esa historia se repite año con año y pareciera que ya forma parte de la normalidad.
Pero no debería ser así.
La primera pregunta que debemos hacernos es sencilla, aunque incómoda: ¿qué estamos haciendo mal?
Los Cabos sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes de México. Sin embargo, la competencia internacional es cada vez mayor, los mercados cambian, las condiciones económicas también y el destino enfrenta problemas internos que durante años se han ido acumulando sin que exista una estrategia integral para resolverlos.
No se trata únicamente de atraer más turistas. Se trata de construir un destino sostenible, competitivo y ordenado.
Y aquí la responsabilidad es compartida.
El Gobierno Federal tiene la obligación de fortalecer la infraestructura estratégica, mejorar la conectividad aérea y carretera, garantizar seguridad jurídica para las inversiones, impulsar la promoción turística y acelerar proyectos que permitan sostener el crecimiento del destino.
El Gobierno del Estado debe involucrarse mucho más en el desarrollo de Los Cabos. No basta con acompañar eventos o anunciar inversiones. Se requiere una mayor coordinación para atender temas como movilidad, seguridad, salud, vivienda, agua potable, energía eléctrica y ordenamiento territorial. Los Cabos representa uno de los principales motores económicos de Baja California Sur; por ello, necesita una atención proporcional a la riqueza que genera para toda la entidad.
Sería igualmente injusto afirmar que en Los Cabos no se está haciendo nada. La actual administración municipal recibió un municipio con un enorme rezago en infraestructura, servicios públicos y desarrollo urbano, producto de decisiones postergadas durante varios gobiernos. En estos primeros meses se han impulsado proyectos para mejorar la movilidad, la pavimentación de vialidades, fortalecer la infraestructura hidráulica, ampliar obras de agua potable y drenaje, además de destinar recursos importantes para proyectos de saneamiento ambiental e infraestructura urbana. También se observa una mayor gestión para atender colonias que durante años permanecieron en el abandono. Son pasos importantes, aunque todavía insuficientes frente a la magnitud de los problemas que enfrenta el municipio.
Los problemas están plenamente identificados.
El déficit de agua potable continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo.
Pese a la construcción de la Glorieta de FONATUR, la movilidad es cada vez más complicada por el crecimiento acelerado del parque vehicular.
La infraestructura vial resulta insuficiente para una ciudad que sigue expandiéndose.
El acceso a vivienda digna permanece limitado para miles de trabajadores.
La generación de energía requiere ampliaciones urgentes para responder al crecimiento económico.
Los servicios de salud enfrentan una demanda que supera su capacidad.
La seguridad debe fortalecerse para mantener la confianza de residentes y visitantes.
La protección civil necesita mayor inversión frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.
Y el ordenamiento territorial sigue siendo una asignatura pendiente.
Mientras todo eso ocurre, existe otro actor que también ha quedado a deber: algunos sindicatos.
Organizaciones como la CTM nacieron para defender los derechos laborales de sus agremiados. Sin embargo, cuando llegan las temporadas bajas, muchos trabajadores sienten que enfrentan solos las negociaciones con las empresas. La representación sindical no puede limitarse al cobro de cuotas o a la firma de contratos colectivos. Su verdadera razón de existir es garantizar que cada trabajador reciba un trato digno, que las liquidaciones respeten la ley y que ningún empleado sea utilizado como variable de ajuste cada vez que disminuye la ocupación hotelera.
Los Cabos tampoco puede seguir creciendo a costa de su patrimonio natural.
Respetar el entorno ambiental, cumplir las leyes, hacer valer los reglamentos y ordenar el desarrollo urbano no es únicamente responsabilidad del gobierno. También corresponde a empresarios, desarrolladores, ciudadanos y visitantes. Sin agua, sin playas limpias, sin ecosistemas protegidos y sin crecimiento ordenado, el principal atractivo del destino terminará deteriorándose.
Hoy no es momento de repartir culpas.
Es momento de asumir responsabilidades.
Precisamente por eso, el Ayuntamiento no puede caminar solo. Los Cabos requiere un mayor compromiso del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. La economía del municipio sostiene una parte importante del desarrollo de Baja California Sur y genera miles de millones de pesos en derrama económica y recaudación. Esa importancia exige una mayor participación de los tres niveles de gobierno para resolver problemas que rebasan las capacidades municipales, como la movilidad regional, la seguridad, la salud, la vivienda, la infraestructura hidráulica y energética, así como la promoción turística del destino.
Porque el verdadero éxito turístico no se mide solamente por el número de visitantes o por la ocupación hotelera.
Se mide por la calidad de vida de quienes hacen posible que millones de turistas quieran regresar.
Y mientras los trabajadores sigan siendo los primeros sacrificados en cada temporada baja, habrá que reconocer que todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo.
