Con 1,207 personas desaparecidas, 312 víctimas encontradas sin vida y 211 sitios de inhumación clandestina, Baja California Sur enfrenta una de las crisis de seguridad y derechos humanos más graves de su historia reciente. El caso de Alicia Dariana obliga a preguntarse si las autoridades están perdiendo la batalla contra la impunidad.
La localización sin vida de Alicia Dariana Avilés Villegas no representa únicamente el desenlace más doloroso para una familia. Es, sobre todo, el reflejo de una crisis que desde hace años dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las heridas más profundas de Baja California Sur.
Durante más de un año, su madre, María Guadalupe Villegas, recorrió caminos que ninguna madre debería transitar. Tocó puertas, difundió la fotografía de su hija, entregó videos y elementos de prueba a las autoridades, denunció la falta de investigaciones oportunas y, mientras el aparato institucional avanzaba con lentitud, ella hizo el trabajo que le correspondía al Estado: buscar.
Al final, no fue una investigación ministerial la que la condujo hasta Alicia. Fue una llamada anónima. Su hija fue localizada en una fosa clandestina.
La frase con la que Guadalupe cerró su búsqueda debería perseguir la conciencia de cualquier autoridad:
“Ya cumplí mi promesa. Traje a mi gordita a casa.”
Pero la pregunta incómoda sigue vigente: ¿quién cumplirá la promesa constitucional de garantizar seguridad, justicia y verdad para miles de familias sudcalifornianas?
Las cifras son demoledoras.
La Comisión Estatal de Búsqueda reporta 1,207 personas desaparecidas y no localizadas en Baja California Sur. Desde 2021, 312 personas que contaban con ficha de búsqueda fueron encontradas sin vida.
Peor aún.
Entre 2021 y 2026 se localizaron 211 sitios de inhumación clandestina, de donde fueron recuperadas 275 osamentas y 81 cadáveres.
Hace apenas una década, pensar en fosas clandestinas en Baja California Sur parecía impensable. Hoy forman parte de la estadística oficial.
Los Cabos encabeza la lista con 520 personas desaparecidas, seguido por La Paz, con 427. Es decir, los dos municipios que concentran el mayor desarrollo económico y turístico del estado también concentran la mayor tragedia humana.
Paradójicamente, mientras el mundo promociona las playas de Los Cabos como uno de los destinos más exclusivos del planeta, cientos de familias recorren arroyos, brechas y cerros buscando restos humanos.
Esa es la otra cara del paraíso.
La que pocas campañas de promoción turística muestran.
Resulta imposible ignorar el crecimiento de este fenómeno sin cuestionar el desempeño de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Porque la desaparición de personas no ocurre en el vacío.
Detrás existe una estructura criminal que opera con logística, recursos, vehículos, casas de seguridad, comunicaciones y movilidad.
La pregunta obligada es: ¿cómo puede mantenerse una operación de esa magnitud sin que alguien vea, escuche o permita?
Las familias buscadoras llevan años señalando una realidad incómoda: investigaciones tardías, expedientes incompletos, falta de coordinación entre fiscalías, escasos resultados judiciales y una alarmante impunidad.
Y cuando la impunidad se vuelve regla, inevitablemente surge otra interrogante aún más delicada.
¿Existe infiltración del crimen organizado en algunas corporaciones policiacas o instituciones públicas?
No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas contra servidores públicos en general. Sería irresponsable.
Pero también sería ingenuo pensar que organizaciones criminales capaces de desaparecer personas, operar fosas clandestinas y mantener redes de violencia durante años pueden hacerlo sin algún grado de corrupción, complicidad o protección institucional.
La historia reciente de México demuestra que, en distintos estados, funcionarios municipales, policías e incluso autoridades estatales han sido procesados por vínculos con grupos criminales.
¿Está Baja California Sur completamente libre de esa posibilidad?
Los resultados no parecen demostrarlo.
Mientras las autoridades presentan estadísticas y anuncian operativos, las madres buscadoras siguen encontrando restos humanos con palas, varillas y la esperanza como única herramienta.
Ellas han hecho, muchas veces, el trabajo que corresponde al Estado.
Y eso representa el mayor fracaso institucional.
Porque un gobierno puede presumir inversiones, crecimiento económico y récords turísticos; sin embargo, mientras una madre tenga que buscar sola a su hija desaparecida, ninguna cifra de desarrollo será suficiente para hablar de paz.
El caso de Alicia Dariana no puede convertirse en una noticia de un solo día.
Debe ser un llamado urgente para revisar la estrategia de seguridad, fortalecer las investigaciones, depurar corporaciones policiacas, combatir cualquier posible red de corrupción y garantizar que las desapariciones no continúen creciendo como una estadística más.
Porque detrás de cada ficha de búsqueda existe una historia, una familia y una vida suspendida.
Y mientras Baja California Sur acumula más de 1,200 personas desaparecidas, la pregunta seguirá sin respuesta:
¿Quién está desapareciendo a los sudcalifornianos… y por qué el Estado sigue llegando siempre demasiado tarde?
