REPORTAJE ESPECIAL | Lo que comenzó como una disputa por la propiedad de varios terrenos se ha convertido en uno de los casos más polémicos de Los Barriles. Con procesos legales aún en marcha y acusaciones cruzadas entre las partes, la controversia continúa a la espera de resoluciones judiciales que definan el futuro de los predios en conflicto.
Los Barriles, Baja California Sur.— Una nueva ola de denuncias públicas volvió a colocar bajo los reflectores el presunto despojo de terrenos en el fraccionamiento Las Iguanas, en Los Barriles, luego de que publicaciones difundidas en redes sociales por la ciudadana Elizabeth Álvarez Rosas reavivaran la polémica sobre una serie de predios cuya propiedad permanece en disputa.
De acuerdo con los señalamientos realizados por los denunciantes, existiría una presunta estructura que estaría operando para apropiarse de terrenos mediante mecanismos considerados irregulares, situación que, aseguran, habría afectado a más de 80 predios, cuyo valor conjunto superaría los 120 millones de pesos.
Los denunciantes solicitaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado y las autoridades competentes amplíen las investigaciones para determinar si existe una posible red de personas dedicada a litigar o promover operaciones relacionadas con los predios en disputa. Entre sus señalamientos, aseguran que parte de esa estructura tendría vínculos con abogados establecidos en Monterrey, Nuevo León, quienes aplican el mismo modus operandi en el destino turístico de Los Cabos.
En las publicaciones también se hace referencia a diversas personas que presuntamente estarían relacionadas con esta problemática, entre ellas un topógrafo, un mando policiaco y una agente del Ministerio Público. La propia denunciante señala que ambos servidores públicos ya habrían sido removidos de sus cargos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ante este escenario, los denunciantes exhortaron a quienes tengan interés en adquirir terrenos o bienes inmuebles en Los Barriles a verificar previamente la situación jurídica de las propiedades ante el Registro Público de la Propiedad y las instancias correspondientes, a fin de evitar posibles afectaciones patrimoniales.
La controversia ha generado inquietud entre propietarios de la zona, quienes demandan que la PGJE y las autoridades responsables esclarezcan los hechos, garanticen la seguridad jurídica de los inmuebles y determinen, conforme al marco legal, si existieron irregularidades en torno a los predios en disputa.
Los copropietarios fijan postura
Sobre el caso, los abogados Indhira del Rosario Osuna Calderón y César Fabrizio Osuna Calderón, quienes se identifican como copropietarios y legítimos poseedores de los inmuebles involucrados, informaron que los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes.
En un documento público precisan que, si bien parte de la información ha circulado y ha sido replicada durante más de un año, las controversias relacionadas con la propiedad de los terrenos continúan siendo ventiladas en las instancias jurisdiccionales correspondientes, por lo que hasta el momento no existe una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
Los abogados sostienen que su actuación siempre se ha desarrollado dentro del marco del Estado de Derecho y que la defensa de sus derechos se ha realizado mediante los procedimientos legales establecidos, acatando las determinaciones emitidas por las autoridades competentes.
Asimismo, señalaron que tienen conocimiento de que dentro de las investigaciones se menciona la presunta participación de diversas personas, entre ellas el abogado Javier Mozay Conzeta, así como Guadalupe Canseco Talamantes y Arturo Canseco Talamantes. No obstante, subrayaron que únicamente corresponde a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales determinar la veracidad de los hechos y, en su caso, establecer cualquier responsabilidad legal.
Finalmente, hicieron un llamado para que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia conduzcan las investigaciones con imparcialidad, transparencia y estricto apego a derecho, con el objetivo de brindar certeza jurídica a todas las partes involucradas.
Mientras tanto, el caso continúa generando atención pública debido a las denuncias difundidas en redes sociales sobre presuntos despojos de terrenos en Los Barriles. Las investigaciones permanecen abiertas y serán las autoridades competentes las que determinen, conforme a derecho, los hechos y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
