Congreso de BCS

Alertan por aumento de estafas que usan imagen de programas sociales y páginas oficiales

  • Busca reducir los numerosos casos de fraudes a través de redes sociales, ejecutados por delincuentes quienes difunden información simulada de programas 

A fin de prevenir y reducir los fraudes usando la imagen de programas institucionales mediante plataformas digitales o redes sociales, la diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso tipificar en el Código Penal para el Estado de Baja California Sur el delito de fraude en materia de programas sociales, con penas mayores en una tercera parte -actualmente es de tres a diez años- cuando la víctima sea adulta mayor, persona con discapacidad, indígena o de escasos recursos. 

La legisladora lamentó que cada vez sean más los casos de fraudes a través de redes sociales, ejecutados por delincuentes quienes difunden información simulando ofrecer, u otorgar programas federales, estatales o municipales utilizando la imagen institucional y de páginas web oficiales para inducir en un error a la ciudadanía, cobrar una “cuota” y así obtener un beneficio económico indebido.

Ejemplificó otra modalidad, que también ha cobrado numerosas víctimas como es el hacer pasar por verdaderas supuestas oportunidades de inversión en PEMEX o programas estatales como el Salario Rosa, hasta la supuesta entrega de insumos de primera necesidad a bajo costo o trabajos en el extranjero. 

La propuesta adiciona el artículo 241 del Código Penal referente al delito de fraude, que se aplicará “a quien, por sí o por interpósita persona, a través de plataformas digitales, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando logos o imágenes oficiales, obtenga un beneficio económico indebido o datos sensibles con la intención de practicar el robo de identidad, vaciar cuentas o vender bases de datos personales. En caso de tipificarse las conductas descritas en la presente fracción”.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

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