Ciudad de México.— El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no existen indicios ni sospechas por parte del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que fuera señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal fue enfático al señalar que “nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Estado”, al ser cuestionado sobre posibles investigaciones o irregularidades relacionadas con Rocha Moya.
En cuanto a las medidas de seguridad implementadas para el mandatario con licencia, García Harfuch explicó que estas forman parte de evaluaciones constantes de riesgo realizadas por el Servicio de Protección Federal, las cuales se aplican a distintos funcionarios públicos.
Detalló que, en este caso, la protección no fue solicitada por el propio Rocha Moya, sino que fue una recomendación derivada del contexto de seguridad en Sinaloa, una entidad que ha registrado diversos hechos de violencia en los últimos meses.
“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, aclaró el secretario, al referirse al número de agentes asignados para la seguridad del exmandatario estatal.
Asimismo, puntualizó que no existe información que indique que Rocha Moya enfrente amenazas directas o riesgos específicos, aunque se consideró prudente brindarle acompañamiento por su calidad de exfuncionario en una zona con alta incidencia delictiva.
En otro punto, el titular de la SSPC reiteró que se mantendrá un reforzamiento permanente de la estrategia de seguridad en Sinaloa, con el objetivo de avanzar en la pacificación del estado.
Respecto a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, indicó que actualmente el único que conserva fuero constitucional es el senador Enrique Inzunza, quien, aseguró, no cuenta con ningún tipo de protección especial por parte de las autoridades federales.
El gobierno mexicano continúa a la espera de mayor información por parte de las autoridades estadounidenses para esclarecer los señalamientos y determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones.
