Cabo San Lucas.- La nueva figura de comprobantes falsos incluida en la reforma fiscal 2026 ha generado preocupación entre el sector empresarial de Los Cabos, debido a que la normativa no contempla un mecanismo de aclaración para los contribuyentes que resulten señalados por la autoridad. Según especialistas, una vez que el SAT determina que un comprobante es falso, la única alternativa para el empresario es pagar, y si no lo hace en un plazo de 30 días, se le restringen los sellos digitales, impidiéndole emitir facturas. La reactivación de dichos sellos solo es posible mediante el pago correspondiente.
Rafael Lima Fozado, doctor en Ciencias de lo Fiscal, maestro en Impuestos y contador público, expuso el tema durante una conferencia ante asociados de Canaco Servytur Los Cabos, donde advirtió que la medida afecta a empresas de todos los tamaños y podría provocar el cierre de numerosas mipymes.
El especialista explicó que el proceso inicia con la revisión del emisor de facturas —conocido como EFO—, quien tiene cinco días para responder a la autoridad. Posteriormente, el SAT dispone de 14 días para emitir una resolución. El procedimiento completo dura 24 días y concluye con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde se integra al contribuyente a la llamada “lista negra”. A partir de ese momento, la empresa que recibió el comprobante —el EDO— cuenta con 30 días para presentar una declaración complementaria y pagar la deducción correspondiente si el documento se considera falso.
Lima Fozado comparó el proceso con “invitar a alguien a tu casa”: se debe verificar previamente su confiabilidad. De la misma manera, recomendó revisar minuciosamente a los proveedores para evitar afectaciones económicas severas, ya que una sola factura calificada como falsa puede derivar en que la autoridad presuma que todas las operaciones con ese proveedor son irregulares.
Calificó la situación como “grave y de alto riesgo”, y por ello presentó a los empresarios diversas rutas de prevención. Entre ellas destacó la opción de pagar bajo protesta, con el fin de deslindarse de posibles señalamientos.
El especialista enfatizó la importancia de que las empresas implementen protocolos de validación, reglas anticorrupción y mecanismos de control interno para mitigar riesgos y descartar cualquier presunción de lavado de dinero u omisiones fiscales frente al SAT.
