CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permite portar armas a funcionarios de seguridad de instituciones estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, el SAT, Banxico, la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), siempre que acrediten esta necesidad en el cumplimiento de sus funciones.
La reforma también autoriza a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo la posesión de un rifle calibre .22 o escopeta en sus domicilios para legítima defensa, bajo la condición de que acrediten su vínculo con el sector rural. Esta disposición busca atender las necesidades de seguridad de las comunidades agrarias, frecuentemente afectadas por delitos en zonas alejadas.
Asimismo, la ley prohíbe el uso de armas, municiones y vehículos blindados a personas no pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Esto incluye vehículos particulares adaptados con blindaje para portar armamento, con el objetivo de reducir el uso ilegal de equipo táctico por civiles y organizaciones criminales.
Otro punto relevante es que la legislación obliga a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de educación y concientización sobre los riesgos del manejo de explosivos, pirotecnia y sustancias químicas, promoviendo también el desarme voluntario y la cultura de la paz en la sociedad.
La iniciativa fue turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación. Durante los posicionamientos, la senadora Maki Ortiz del PVEM destacó que la reforma fortalece el control estatal sobre actividades de alto riesgo y promueve una actualización legal acorde con las necesidades de seguridad actuales. Otros legisladores respaldaron el dictamen sin intervenir en tribuna, solicitando que sus opiniones quedaran asentadas en el Diario de los Debates.
