- La reforma acabará con la rentabilidad y la competitividad sin importar si es más cara ni cuánto contamine: diputada Lupita Saldaña (PAN)
- “Como legislatura nos toca poner nuestro granito de arena para lograr la soberanía energética”: diputada Karina Olivas (PT)
- “Durante dos sexenios, los gobiernos panistas no bajaron los precios de los combustibles2: diputado Rafael Silva (Morena)
Durante la sesión del martes 22 de octubre, el Pleno de la XVII Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó dos minutas de reformas constitucionales en materia de transporte ferroviario y de áreas y empresas estratégicas. La primera se aprobó por unanimidad de 17 votos, en tanto que la segunda fue por mayoría de19 votos a favor y 2 en contra de las representaciones del PAN y PRI.
La primera minuta enviada por el Senado de la República a los congresos estatales, en materia de transporte ferroviario, reforma el artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual el estado retoma el derecho de usar las vías férreas para el transporte de pasajeros.
El dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia que preside el diputado Eduardo Van Wormer Castro establece que, es viable, “ya que contribuye a la generación y crecimiento económico, principalmente para las personas menos favorecidas a través de la infraestructura ferroviaria”.
Establece también que la reforma garantiza el derecho a la movilidad de las mexicanas y los mexicanos, conectando a personas y comunidades; ampliar sus opciones de transporte y reducir costos y tiempo.
En el caso de la reforma de áreas y empresas estratégicas, se modifican los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para fortalecer al Estado en sectores estratégicos como energía, internet y litio. Se cambia el concepto de “empresas productivas por “empresas públicas” y se busca garantizar la seguridad energética y el servicio de electricidad a menor costo.
En esta última discusión, la diputada Lupita Saldaña (PAN) consignó su voto en contra al señalar que, la reforma constitucional pretende centralizar toda la conducción de la política energética en la presidencia de la República; acabará con la rentabilidad y la competitividad sin importar si es más cara ni cuánto contamine. La CFE tendrá preferencia para vender la energía que produzca lo cual traerá un servicio eléctrico más ineficiente y más caro a los consumidores.
A favor, la diputada Karina Olivas Parra (PT) puntualizó que, “Como legislatura nos toca poner nuestro granito de arena para lograr la soberanía energética, pero a su vez, abriremos la puerta para a la inversión privada sin perder el control soberano de nuestra energía, al garantizar el esquema de generación de energía 54 – 46”, es decir 54% suministrado por el Estado y 46% con la participación de la iniciativa privada.
Por su parte el diputado Rafael Silva (MORENA) consignó su voto a favor, al cuestionar las reformas que realizaron los gobiernos panistas durante dos sexenios, en los que los precios del combustible no bajaron, sentenció.
